El exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría, los tres únicos acusados del caso Plaza que decidieron no pactar con la Fiscalía Anticorrupción, han sido absueltos por la Audiencia de Zaragoza. El tribunal presidido por el magistrado Javier Cantero acaba de comunicarles la sentencia de 95 folios y en ella dice no haber encontrado pruebas de cargo que permitan enervar el principio de presunción de inocencia. La resolución no es firme y todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo, pero supone un indudable triunfo para las defensas, a cargo de los letrados Juan Monclús, Miguel Ángel Alemán y Jesús García Huici, según informa Heraldo.
Para Esco, Iglesias y Floría la Fiscalía pidió finalmente condenas de prisión de 4 años y 9 meses; 5 años y diez meses; y 3 años y 3 meses, respectivamente, así como penas de inhabilitación y elevadas multas, especialmente la de 755.000 euros que reclamaba a Iglesias. Durante su informe final, la acusación pública trató de probar que el exviceconsejero de la DGA había mediado para que se adjudicaran a dedo varios contratos a su “amigo” Miguel Ángel Floría, atribuyendo a ambos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
En cuanto al constructor y expresidente del Real Zaragoza, la Fiscalía Anticorrupción lo acusaba de haber pagado a Pulsar -empresa de Carolina y Elena García Plante, hijas de García Becerril- 58.000 euros por un informe supuestamente falso de 111 páginas, 96 de las cuales fueron plagiadas de otros informes, incluidas faltas de ortografía. Consideraba el ministerio público que este abono no era sino el “peaje” que Iglesias aceptaba pagar para tener contento a García Becerril de cara a cerrar contratos con Plaza.
Sin embargo, los argumentos de las defensas, que siempre negaron tales acusaciones, se han impuesto a los de la Fiscalía Anticorrupción y a falta de pruebas irrefutables de estas supuestas ilegalidades el tribunal ha optado por la absolución.
La sentencia confirma todos los pactos
Con la absolución de estos tres acusados se despeja la única incógnita de una sentencia en la que la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha invertido tres meses y que confirma los pactos que cerraron con carácter previo al juicio los otros 22 acusados. De este modo, el fallo considera cerebros de la trama corrupta al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza Ricardo García Becerril y a quien fuera primer responsable de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán. Serán los únicos que acaben entre rejas al aceptar sendas condenas de 2 años y un día de cárcel. En cualquier caso, no cabe duda de que la negociación resultó muy ventajosa para ambos, ya que se enfrentaban a penas de 23 y casi 11 años, respectivamente.
Además de García Becerril y Jordán, los únicos que pidieron perdón por sus acciones durante la última sesión del juicio, por las numerosas ilegalidades que destapó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional serán condenadas otras doce personas. Se trata en su mayoría de ejecutivos, técnicos o trabajadores vinculados a las obras de urbanización del gran complejo logístico, así como de empresarios y proveedores. A todos ellos se les imponen un total de 17 años de prisión, cuando inicialmente se enfrentaban a 175. Además, gracias a los pactos, salvo los dos mencionados cerebros del entramado, ningún otro acusado llegará a entrar en Zuera.
Cabe recordar que como resultado de las negociaciones se retiraron las acusaciones penales contra ocho de los encausados, si bien varios de ellos fueron declarados partícipes a título lucrativo y tuvieron que desembolsar importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil. Entre estos últimos se incluyen la mujer y una de las hijas del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril.
La DGA ha recuperado 50 millones de euros
Los pactos con 22 de los 25 acusados no hubieran sido posible si previamente el Gobierno aragonés no hubiera alcanzado un acuerdo con Acciona, multinacional a la que la Fiscalía involucró en la causa al solicitar su condena como responsable civil subsidiaria. Para que la empresa se aviniera a negociar, los fiscales José Grinda y José de la Rosa también tuvieron que ceder, ya que finalmente fijaron la cantidad malversada en la construcción de Plaza en solo 14 millones de euros. El resto, hasta los 147 millones en que calculaban al principio el agujero provocado a las arcas del erario, se ha ‘vestido’ de otra forma, pero se sigue reclamando. Es más, la DGA ha conseguido que Acciona le pague más de 50 millones de euros y exigirá la cantidad que falta en un arbitraje para el que todavía habrá que poner fecha.
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