El procedimiento que sigue la Audiencia Nacional por el presunto fraude de la rueda de las teles está provocando una auténtica escisión entre los principales acusados y los investigadores que se está saldando con duros reproches por parte de los músicos contra el avance de las pesquisas. Causa "absurda, sinsentido o inquisitorial" son algunas de las 'perlas' que dedican a la Policía Judicial que indaga los pormenores de esta trama con la que se habría defraudado 100 millones de euros entre los años 2006 y 2011.
Cuando se cumplen cerca de dos años del arranque de este caso, bautizado como La Rueda, el productor Rafa Tena ha dirigido un escrito al magistrado Ismael Moreno recogido por este diario, en el que arremete duramente contra los investigadores por implicarle en una presunta red dentro de la SGAE dedicada a registrar como propias obras de dominio público y, por tanto, sin derechos de autor. De acuerdo con las tesis del instructor, los acusados -entre los que se encuentran el pianista Manuel Carrasco o el compositor Fernando Bermúdez- canalizaron los ingresos que les reportó la emisión de estas composiciones en franjas nocturnas de televisión a través de testaferros y sociedades vinculadas a los investigados.
En respuesta, el hermano del fallecido Manuel Tena denuncia un "cóctel de vicios" de la Policía Judicial al frente de esta causa que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y denuncia "ignorancia supina, negligencia, falta de neutralidad y clima social de condena". El acusado asegura que si la tesis de los investigadores fuera correcta en lo que respecta al beneficio ilícito que obtuvieron las televisiones con el 'retorno', la consecuencia lógica sería la imputación en este procedimiento de las cadenas que emitían la bautizada como 'música inaudible' por su participación "esencial y necesaria en la trama delictiva".
20.000 obras en seis años
El acusado expone que existe un "profundo desconocimiento" en lo que respecta a la explotación de derechos de propiedad intelectual derivados de obras musicales y que tanto la práctica del 'retorno' como el uso de pseudónimos en el registro de las obras son acciones "absolutamente lícitas" dentro de la sociedad de autores. El músico añade que la SGAE recauda mucho más con las piezas que se emiten en en televisión que con las que se comercializan a través de canales convencionales teniendo en cuenta que no obtiene beneficio alguno por la reproducción de las obras de sus socios en plataformas digitales como Spotify.
En lo que respecta al uso de pseudónimos que los investigadores atribuyen a determinados socios con el fin de ocultar la verdadera autoría de las obras, Tena se ampara en el reglamento de la sociedad de autores según el cual los músicos tienen la obligación de declarar a ésta los seudónimos utilizados en su actividad puesto que sino no se pueden liquidar los ingresos que le competan a los que están detrás de los mismos. La normativa tampoco prohíbe que una misma obra musical pueda ser registrada varias veces, siempre que los títulos no coincidan.
El magistrado Moreno sostiene que tanto Tena como sus sociedades registraron en el periodo comprendido entre 2006 y 2012 un total de 20.176 obras frente a 14 que figuran respecto al año 2005. De esta manera, la recaudación en el primer periodo ascendió a 7,8 millones de euros frente a los 82.700 que ingresó en 2005. La Policía Judicial apunta que la gran capacidad autoral de Tena se explica por la comisión de irregularidades en el registro de la misma; una tesis que el acusado califica de "calumnia".
Nuevas citaciones en la causa
Con todo, el magistrado no solo apunta a beneficios económicos ilícitos como resultado de esta práctica sino también a un "beneficio político" dentro de la propia SGAE en tanto que reparte el número de votos entre sus socios en función de las cantidades percibidas por generación de derechos de autor. Los investigadores consideran que, de esta manera, los acusados consiguieron poder de decisión en la Junta para perpetuar así un sistema que habría perjudicado a más de 120.000 socios de la sociedad.
Por ese motivo, solicita al instructor una batería de diligencias que pasan por requerir a la SGAE certificación que acredite todos los aspectos a los que hace alusión en su escrito así como los contratos de licencia de uso de obras con determinadas plataformas digitales. Igualmente propone que se tome declaración a los inspectores que firmaron el informe policial contra el acusado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios