Acabar con los aforamientos: qué es ser aforado y qué ventajas tiene en España

  • El Ejecutivo llevará la iniciativa a la Cámara para acabar con los privilegios de determinados cargos, según ha anunciado el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez en la Casa de América
Pedro Sánchez en la Casa de América
EFE

Pedro Sánchez ha anunciado una propuesta de reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos. El Ejecutivo llevará la iniciativa a la Cámara para acabar con los privilegios de determinados cargos, según ha anunciado el presidente del Gobierno en el acto de balance de sus primeros cien días.

¿Qué es ser aforado?

Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. En el caso concreto de los Reyes de España, si son imputados por algún delito, la causa corresponderá tramitarla al Tribunal Supremo.

Qué supone el aforamiento en España

El aforamiento supone un privilegio a la hora de enfrentarse a la justicia, ya que los aforados son juzgados no en tribunales ordinarios, sino en altos tribunales: en el Supremo, en el caso de un cargo nacional; y en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, en el caso de responsabilidad regional.

Por qué hay aforados

La razón aducida normalmente es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.

Cuántos aforados hay en España

El número de aforados en España es especialmente elevado en comparación con otros países. Actualmente hay en España 249.608 aforados, según la última estimación hecha por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. De esos, alrededor de 2.000 corresponden a políticos, de acuerdo al 'Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales', redactado por los catedráticos Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar.

Quiénes son aforados en España

Tienen reconocido este derecho el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.

También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.

Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

¿Hay aforados en todo el mundo?

No. De nuevo según la obra de Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar, ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. Mientras, en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.

Aforamiento e inmunidad no son lo mismo

La inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal, aunque en los países anglosajones no exista. La figura se inspira en la Revolución Francesa y ha calado en la Europa continental con diferentes formulaciones. En España los parlamentarios solo pueden ser detenidos en “flagrante delito” y para procesarlos debe autorizarlo la cámara respectiva. Sin embargo, ya en 1992 el Tribunal Constitucional fijó que este permiso sea prácticamente automático.

Según cuentan L. Doncel, A. Jiménez Barca, W. Oppenheimer, P. Ordaz, E. Sáiz y A. Teruel en Francia existe la inmunidad parlamentaria para diputados, senadores y eurodiputados (999 en total) pero, una vez que la revoca la mesa de sus cámaras, se los juzga en tribunales ordinarios. En los raros casos en los que la protección no se ha levantado, se han visto polémicas como la del senador Serge Dassault, investigado por comprar votos cuando era alcalde de Corbeil-Essone. Al final fue él quien pidió que le levantaran la inmunidad para evitar mayores apuros.

En Italia a los políticos se les juzga sin restricciones pero, para aplicarles prisión preventiva, hay que pedir un permiso a las cámaras que estas deniegan sistemáticamente, generando la polémica comprensible.

En Alemania son mucho más restrictivos. No existe ningún aforamiento, y solo son inmunes el presidente y miembros del parlamento (no la canciller, Angela Merkel), y el proceso para levantarles el privilegio es automático. El jefe de Estado es inmune pero no inviolable, como lo son Felipe VI, Isabel II en Reino Unido, o el presidente francés (hasta que deja el cargo: por eso Jacques Chirac en 2011 fue condenado por corrupción). Para un político alemán recibir una petición de retirada de inmunidad es un deshonor.

En Portugal existe inmunidad parlamentaria, pero solo gozan de la prerrogativa de ser juzgados por el Tribunal Supremo el presidente de la República, el primer ministro y el presidente de la asamblea. Al otro lado del Atlántico, en EEUU, en línea con la idea británica de igualdad legal, jueces y políticos, hasta el presidente, se sujetan al tribunal que corresponda al delito que haya cometido.

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