Acampada frente a sede de gobierno en Argentina recibirá marcha de despedidos

  • La primera acampada contra el presidente de Argentina Mauricio Macri, montada hace tres días frente a la sede de gobierno para pedir la liberación de una conocida y polémica líder social, coincidía el viernes con dos marchas de despedidos del sector público.

"Macri pará la mano" y "La marcha de los ñoquis", son las dos manifestaciones por los despidos en el sector público a nivel nacional, provincial y municipal convocadas con el término con que el gobierno ha justificado esta acción.

En Argentina los "ñoquis" son los trabajadores públicos que van solo a cobrar el sueldo a fin de mes, coincidiendo este viernes con el último día laboral del mes y también con el día 29, cuando los rioplatenses suelen comer el popular plato italiano.

En honor a esta costumbre y como parte de la protesta un grupo de desemplados ofrecerá ñoquis al plato a los transeúntes en el Obelisco de Buenos Aires, donde se congregarán para manifestar, casi a la misma hora de una esperada conferencia de prensa del ministro de Energía Juan José Aranguren, para detallar las nuevas tarifas de electricidad, que contemplan aumentos de al menos 300% desde el 1 de febrero.

Aranguren, que iba a realizar su anuncio desde la sede de gobierno, a pocos metros de la céntrica Plaza de Mayo, cambió al ministerio de Hacienda, también aledaño al epicentro de protestas donde desde el miércoles agrupaciones kirchneristas y otros movimientos de izquierda acampan "hasta que liberen a Milagro Sala".

Sala, de 51 años, diputada del Parlasur y dirigente de la organización social-barrial Tupac Amarú, con arraigo histórico en la provincia de Jujuy, fue detenida el 16 de enero en la plaza frente a la Gobernación provincial por realizar una protesta pacífica -con acampe- contra la reestructuración del sistema de ayuda a las cooperativas.

Su arresto fue bajo los cargos de "instigación a cometer el delito de tumulto". Luego también presentaron denuncias por una millonaria malversación de fondos públicos.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, del frente de Macri Cambiemos, se reunió el miércoles en Buenos Aires con el mandatario y aseguró que recibió de él "todo el respaldo para hacer lo correcto".

Hasta Aministía Internacional ha pedido la liberación de Sala, y junto al centro de defensa de los derechos humanos CELS, consideran que detrás de la detención hay también la intención de "criminalizar la protesta social".

Otros activistas reconocidos como Estela de Carlotto, líder de la organización Abuelas de Plaza de Mayo o el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideran a Sala "presa política".

Esta acusación e incluso comparación con los presos políticos de Venezuela que defiende Macri, ha sido rechazada de plano por el mandatario que respaldó la labor de los jueces que están llevando el caso de Sala en Jujuy, una de las provincias más pobres del país.

Entre las carpas chicas del acampe en Buenos Aires, hay otra inmensa tienda de campaña donde pasan durante el día un documental de Sala, mostrando lo que sus detractores califican como "un estado paralelo", en referencia a la construcción de villas residenciales y centros recreacionales que hizo la organización Tupac Amarú con apoyo político y económico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

El viernes, al paisaje de campamento urbano de Plaza de Mayo se sumaron abrazos y llantos de unos 120 trabajadores de la Casa Rosada, administrativos o encargados de mantenimiento, a quienes se les anunció su despido o fin de contrato en la puerta de ingreso.

"Hay diferentes casos, desde gente que nunca fue hasta gente que no cumple horarios ni tareas. Cada área de la Secretaría hizo su relevamiento", dijo una fuente oficial al diario La Nación.

En las afueras de la sede de gobierno algunos afectados afirmaban que eran empleados regulares desde la década de 1990.

Según cifras de varios sindicatos, desde la primera semana de enero no se renovaron contratos o se despidieron entre 12.000 y 20.000 personas en la administración pública.

El gobierno que llegó al poder el 10 de diciembre apoyado por una alianza de centroderecha, Cambiemos, ha dicho que miles de personas fueron contratadas en los últimos años por "militancia política".

"No va a haber más ñoquis en la Argentina", dijo a principios de mes el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, cuando se anunció la no renovación o los despidos de 600 trabajadores en el emblemático Centro Cultural Kichner de Buenos Aires.

pb/hov

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