El manifiesto enfrentamiento entre Bankia y los afectados por la salida a Bolsa ha trascendido los límites de la vista oral que acoge la Audiencia Nacional. Tanto es así, que, ante la queja de la entidad acerca de que no tiene claro todavía el número concreto de litigantes, la plataforma de afectados Adicae ha entregado al tribunal enjuiciador un documento con el total de 1.384 órdenes de compra de acciones suscritas por los perjudicados que están personados como acusación particular.
De acuerdo con el escrito, con fecha de 28 de noviembre y al que ha tenido acceso La Información, este es el total de accionistas que se agrupa bajo el paraguas de Adicae en la causa que se sigue contra 34 acusados -entre ellos el expresidente del banco Rodrigo Rato y otros exaltos cargos- por el debut bursátil que lo llevó a la quiebra y terminó costando un desembolso al Estado de 22.242 millones de euros.
El documento, que recoge los nombres y apellidos de todos los que suscribieron acciones de Bankia, viene a responder al alegato efectuado por la defensa del banco acerca de que la falta de concreción del número de acusaciones particulares le provoca indefensión. Para clarificar este extremo, el escrito desglosa el número de personas que se han ido adhiriendo a la querella inicial de julio de 2013.
De esta forma, se pasó de un número inicial de 230 socios a 1.589 en apenas dos años de tiempo. Aunque se retiraron casi 200 inversores tras acogerse al plan de recompra de acciones que puso en marcha la entidad ya bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri, el resto continuó litigando hasta llegar al macrojuicio que arrancó el pasado lunes. Por ese motivo argumentan que, tras cinco largos años de instrucción, "no es el momento procesal oportuno para plantear una salida del procedimiento".
Además, aclaran que no solo se debe tener en cuenta el perjuicio económico que provocó esta inversión a los pequeños accionistas sino también los daños morales ocasionados. Con todo, considera la plataforma que las cantidades que tendría que abonar la entidad si finalmente fuera condenada por estos hechos son "indeterminadas" puesto que habría que sumar, a las cuantías desembolsadas inicialmente, los intereses legales.
La defensa de Bankia discrepa de este criterio y por eso ha pedido al tribunal que expulse del juicio a las acusaciones particulares que ya se acogieron al proceso extrajudicial dotado con una partida de 1.840 millones de euros, puesto que fueron resarcidos del daño ocasionado. Bajo esta premisa, solo estarían legitimados para mantenerse en la vía penal 205 perjudicados que todavía no han sido damnificados.
El banco solicitó a la Sala apenas semanas antes de que arrancara este gran juicio por la crisis financiera del país la posibilidad de resarcir a este pequeño número de inversores para abrirse camino de cara a plantear la doctrina 'Botín', puesto que, una vez fulminadas las acusaciones particulares y teniendo en cuenta que Anticorrupción no se dirige contra ellos, solo quedaría la acusación popular.
Estos alegatos chocan frontalmente contra los de la fiscal del caso, Carmen Laúna, que en las dos intervenciones que ha protagonizado hasta el momento, ha respaldado la legitimidad de los perjudicados a seguir formando parte del proceso hasta el punto de que no descarta sumar a sus calificaciones el delito de falsedad contable. Esto es así porque considera que el rescate del banco no supuso un perjuicio únicamente al Frob, a los inversores o al Estado sino a toda la sociedad en general.
La continuidad de los accionistas en el procedimiento es uno de los muchos asuntos planteados tanto por las defensas como por las acusaciones en las cuatro primeras sesiones del juicio destinadas a cuestiones previas y sobre los que tendrá que pronunciarse el tribunal antes de retomar la vista oral el próximo 8 de enero.
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