El cerco judicial a la financiación de la ampliación de capital del Popular está tensando la relación entre las partes que litigan en el procedimiento. Tanto es así que el Banco Santander, heredero de la entidad resuelta en 2017, se ha plantado ante los accionistas que han pedido que se les congele el pago de los préstamos. El cruce de reproches entre las partes ha ido en aumento hasta el punto que la entidad que preside Ana Botín les está acusando de "entorpecer" el avance de una causa que ahora mismo ha puesto el foco en esta parte de la investigación al sospechar que existieron órdenes veladas de financiar a los clientes para que estos participaran en la ampliación.
Las últimas declaraciones acordadas en la causa apuntaron a la existencia de estas directrices que ya desveló Emilio Saracho su interrogatorio ante el juez. El magistrado al frente de la causa tomó cartas en el asunto y llamó a declarar a inversores del Popular que confirmaron estos extremos. Algunos de ellos, como el antiguo dueño de Valdebebas, Luis Cort, explicaron que los directores de oficinas ofrecieron a los clientes esta posibilidad y les ampliaron pólizas y préstamos para participar con cuantías que en muchos casos alcanzaban los 1,5 millones de euros. Los inversores matizaron que no recibieron presiones al respecto pero sí que se les instó a ello en tanto se trataba de una buena oportunidad para ellos y para el banco en aras a reforzar provisiones y sanear el balance.
Tras estos testimonios el magistrado dio un paso más y citó a varios exdirectivos del Popular (en su mayoría miembros del comité de Auditoría y Riesgos) para que esclarecieran si trataron de 'captar' a inversores para participar en la ampliación de 2.505 millones de euros. El rumbo de la investigación dio un giro de 180 grados ya que tres de ellos entraron como testigos en la Audiencia Nacional y la abandonaron ya imputados. Esta lista la completaron otros cuatro exaltos cargos más, algunos de los cuáles ya han comparecido ante el juez negando dicho extremo. Con ese telón de fondo, algunos de los inversores que confirmaron que fueron financiados para acudir a la ampliación han pedido al magistrado que congele los préstamos que a día de hoy siguen pagando al Santander.
"Sin voz" en la causa
Se trata de una solicitud que ya han formulado a lo largo de la investigación de la causa y que el magistrado ha negado en anteriores ocasiones al considerar que todavía no está claro quién tiene que responder por este asunto. El Santander, que compró el banco extinto por el simbólico precio de un euro tras su resolución, se negó a la pretensión de los clientes afectados, entre los que se encuentran Gestión Inmobiliaria Los Alcázares, S.L y la sociedad de Luis Cort, Calatrava Real State 2015. La tensión entre las partes ha ido en aumento hasta el punto que estos inversores, que ahora pleitean por recuperar las cuantías perdidas, quieren que la entidad de Botín quede en un segundo plano y se le limite su opinión, teniendo en cuenta que solo figura en la causa como posible responsable civil subsidiaria de los hechos.
Una postura que no ha sentado nada bien a su defensa legal, que insiste en que lo que se intenta ahora es que el Santander "no tenga voz" en el procedimiento. Desde que arrancó la investigación hace ahora más de tres años el banco ha insistido en que no se puede limitar tanto su capacidad de defensa e incluso ha llegado a decir que es un "mero convidado de piedra" en la causa que se sigue contra los anteriores gestores del Popular. Una tesis que repite ahora actuando contra los inversores, a los que acusa de entorpecer la causa para que no pueda defenderse. "Debemos recordar que Banco Santander, como potencial responsable civil subsidiario, es parte pasiva en este procedimiento penal, teniendo plena legitimación para formular alegaciones respecto de todo aquello que afecte a su esfera jurídica, lo que incluye a los hechos objeto de instrucción", precisa.
Un documento clave
El choque entre las partes se aviva mientras Anticorrupción estrecha el cerco sobre este asunto. Y es que la causa ya suma la documental aportada recientemente por el Santander en relación al número de consejeros y directivos que también fueron financiados con pólizas de crédito, préstamos o descuentos para la ampliación de capital. Los papeles entregados desvelan que un total de 14 consejeros, con Crédit Mutuel a la cabeza, invirtió 103 millones de euros en la ampliación, lo que supone un 4% del monto total. Algunos, como ocurre con el exsecretario del Consejo Francisco Aparicio, participaron con cerca de 694.000 euros. La lista también la engrosan antiguos directivos y exaltos cargos, algunos de los cuáles acaban de ser imputados en la causa en relación a este asunto.
El magistrado insiste en sus últimos autos que cuenta con un documento clave que podría apuntalar la tesis de los investigadores. Se trata de un informe que el entonces vicesecretario del Consejo de Administración Heraclio Peña remitió sobre el hecho relevante que tuvo que emitir el banco el 3 de abril de 2017. En el mismo se alertaba de que exdirectivos de Banca Minorista y de Negocio urdieron este plan y alentaron a la red comercial para conseguir sacarlo adelante. Calama Teixeira advirtió además de que en los registros contables del banco se asentaron operaciones de activo con un código que no reflejó el auténtico destino de la financiación. Cabe recordar sobre este punto que Saracho ya apuntó en esta dirección asegurando que Francisco Gómez, exnúmero 'dos' del entonces presidente Ángel Ron, ordenó que la entidad financiara con 400 millones de euros a los accionistas del banco. Ron, por su parte, rechazó de plano estas acusaciones y defendió la legalidad de la operación.
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