Dos años después de la puesta en marcha del teléfono contra el acoso escolar (se estrenó el 1 de noviembre de 2016), el Ministerio de Educación se ha visto obligado a cambiar de empresa concesionaria. En este caso, el departamento que dirige Isabel Celaá ha recurrido a una fundación especializada en ayudar a niños y adolescentes en riesgo, la Fundación Anar, para gestionar el servicio del 900 018 018. La anterior compañía que se encargaba del teléfono contra el 'bullying' había recibido quejas de los psicólogos por las precarias condiciones en las que, según denunciaban en los medios, tenían que realizar su labor profesional.
Educación adjudicó el pasado lunes 13 de agosto un servició que atendió durante 2017 un total de 29.994 llamadas de posibles casos de acoso escolar. La Fundación Anar gestionará el contrato por 727.832 euros anuales durante dos años prorrogables por otros dos más (fue la empresa que mejor oferta económica presentó). La institución comenzará a responder las llamadas recibidas a partir del próximo 10 de octubre de 2018, de forma que AlcaláBC, la actual adjudicataria, se encargará de las mismas hasta esta fecha. Anar también será la responsable de los mensajes recibidos por Telegram (600 909 073) y por Skype ("acoso escolar").
De esta forma, el Gobierno cambia de adjudicataria de un servicio especialmente sensible. Es decir, el teléfono gratuito de atención contra el acoso escolar seguirá externalizado y en manos de una compañía privada. El Ministerio de Educación obliga a la firma a mantener la "privacidad y la seguridad de las personas denunciantes", a poner facilidades para el acceso al mismo de los usuarios con discapacidad y a tenerlo operativo las 24 horas del día.
La externalización del teléfono gratuito contra el acoso en los centros escolares se inició durante el Gobierno del PP. Fue durante la etapa del ministro Íñigo Méndez de Vigo cuando se decidió entregar a una empresa privada la gestión de este servicio y es ahora, con Celaá al frente del mismo departamento, cuando se va a mantener esa privatización y adjudicación del servicio, en este caso, a dicha fundación especializada en casos de 'bullying'.
Detrás del número de atención telefónica de casos de acoso escolar se encuentra un equipo de diez profesionales. Siete de ellos son los expertos que atienden directamente esas 30.000 llamadas. El Gobierno exige que sean licenciados o graduados en psicología o psicopedagogía para poder ofrecer a la supuesta víctima un asesoramiento profesional. Además, la empresa adjudicataria debe disponer de otras tres personas de apoyo, que formarán parte de un equipo multidisciplinar: un licenciado o graduado superior en trabajo social, integración social o educación social; un licenciado en derecho; y un licenciado en sociología o antropología.
El Ministerio de Educación diferencia entre seis tipos de acoso en los centros educativos: el físico, el psicológico, el verbal, el sexual, el social y el ciberacoso. Los responsables contratados para el teléfono oficial deberán contar con formación en todos estos casos y aplicar un protocolo preestablecido.
Este protocolo, tal y como se puede leer en el contrato que acaba de suscribir Educación, establece tres tipos de situaciones: leve, grave o de emergencia. En los dos últimos casos, en los que se presenta un riesgo para la integridad física y emocional de la posible víctima, el profesional que atiende la llamada debe ponerse en contacto tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Emergencias como con la Inspección Educativa.
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