Activistas piden a la UE que exija a México compromisos para mejorar los DDHH

Bruselas, 19 jun.- Las activistas mexicanas Silvia Vásquez y Alba Cruz pidieron hoy en Bruselas que la Unión Europea (UE) exija a México compromisos públicos para mejorar la situación de las libertades fundamentales en el país y erradicar prácticas como los arrestos preventivos.

Vásquez, abogada de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y defensora de un grupo de 25 policías municipales torturados en Baja California, y Cruz, jurista de la ONG Código DH y representante de numerosas víctimas de la violencia en Oaxaca, visitan esta semana varias ciudades europeas para denunciar la situación de los derechos humanos en su país.

Tras su paso por París y antes de viajar a Ginebra para reunirse con relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, ambas se entrevistaron en Bruselas con responsables del Servicio de Acción Exterior de la UE y miembros del Parlamento Europeo para denunciar el "arraigo" (arresto preventivo), o la supuesta coacción a la que son sometidos sospechosos para convertirse en "testigos protegidos" que delaten a narcotraficantes.

"El arraigo consiste en detenciones arbitrarias sin cargos por hasta 80 días y está en la Constitución mexicana desde 2008", explicó Vázquez a la prensa en un encuentro organizado por la eurodiputada finlandesa de los Verdes Satu Hassi.

Según indicó, esa práctica es empleada por las autoridades federales para "resolver casos que tienen una presión política o mediática muy fuerte", aplicando prisión preventiva a personas "inocentes".

"Tras el proceso, el 90 % de los arraigados son puestos en libertad porque las pruebas contra ellos se desvanecen", comentó.

Por lo que respecta a la estrategia de los "testigos protegidos", ambas defensoras denunciaron las supuestas torturas a las que se somete a detenidos para que firmen falsos testimonios bajo la promesa de recibir protección y una manutención, con el objetivo, aseguran, de que el Estado "cumpla con sus estadísticas" de acción contra el crimen organizado.

Vásquez y Cruz pidieron que se ejerza presión internacional sobre México para que ambas prácticas, que son dictadas por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), no se extiendan del nivel federal por el país, de forma que puedan ser aplicadas también por las autoridades de los estados.

"Los candidatos a la Presidencia ni siquiera abordan estos asuntos en su agenda electoral", lamentaron, y solicitaron a la UE más firmeza en su diálogo con México para que el país suscriba compromisos de manera pública a fin de mejorar la situación de los derechos humanos.

Igualmente, instaron al Gobierno mexicano a cumplir totalmente con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en contra de su actuación en casos determinados de violaciones de derechos humanos, y recordaron las dificultades que las denuncias de las víctimas deben superar para recibir justicia.

Otra de las reivindicaciones de estas activistas es que los militares implicados en crímenes sean juzgados por un tribunal civil, y que no queden impunes los asesinatos y el acoso que sufren periodistas y defensores de los derechos humanos.

Según detallaron, en los últimos dos meses han muerto asesinados nueve periodistas en el país y se ha extendido una oleada de agresiones y amenazas a activistas y opositores en Oaxaca.