Activistas salvadoreños exigen transparencia en tregua entre pandillas

San Salvador, 12 mar.- Activistas de El Salvador aseguraron hoy que la "tregua" entre pandillas salvadoreñas, que ha permitido bajar los homicidios en un 50 % tras un año de vigencia, debe ser transparente, de lo contrario "no tiene futuro".

"En la medida en que la tregua no sea transparente y no se institucionalice esto no tiene futuro", dijo hoy en rueda de prensa la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), María Silvia Guillén.

Que se institucionalice no significa que el Gobierno negocie con "criminales", sino que aplique correctamente la ley en materia penitenciaria, que el Estado trabaje con los sectores abandonados y genere oportunidades, explicó.

Destacó que la consecuencia de un mal armisticio no la van a pagar "los funcionarios que ya se van" en junio del próximo año al terminar su gestión (2009-2014), sino que el pueblo salvadoreño.

"Lo va a pagar siempre el pueblo pobre y el pueblo excluido de este país", enfatizó.

Por ello insistió en que es necesario que haya transparencia en el armisticio, ya que sólo así podrá convertirse "en una oportunidad" para combatir la violencia en El Salvador.

Pero para eso "tienen que decir la verdad" de todo lo que "hay al centro" de esta negociación, que "no ha sido un acuerdo entre dos pandillas" como sostiene el Gobierno, argumentó.

Según Guillén, la "tregua" es producto del ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para bajar los índices de homicidios; sin embargo, él en reiteradas veces ha dicho que el armisticio ha sido producto de los pandilleros.

La "tregua" es "una oportunidad si se transparenta y si se trabaja en un sistema social incluyente y un sistema penal incluyente", destacó Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Según Cuellar, un sistema social incluyente implica que el Gobierno genere todas las condiciones necesarias para brindar trabajos decentes, educación, salud y vivienda, entre otras.

Mientras que el sistema penal incluyente implica que "nadie se escape de la justicia, que la justicia sea como la muerte, donde nadie se escape de ella", destacó.

Para que exista una transparencia en el proceso es necesario conocer con quién se negocio, qué se negocio y si es tregua en verdad, porque si solo es eso "quiere decir que puede volver a la guerra", cuestionó.

La "tregua", que inició el 9 de marzo de 2012, ha bajado de 68 a 26 por cada 100.000 habitantes la tasa de homicidios en El Salvador, que así dejó de ser uno de los países más violentos del mundo, dijo recientemente el ministro de Justicia y Seguridad.

El funcionario ha reiterado a la prensa que los homicidios bajaron en alrededor del 50 % gracias al pacto que inició la Mara Salvatrucha (MS) y la Pandilla 18, al que posteriormente se unieron otras pandillas.

El Gobierno solo es un "facilitador" en el armisticio, no un negociador, según el presidente salvadoreño, Mauricio Funes.