El acuerdo de los partidos del Gobierno de coalición para impedir que se lleven a cabo desahucios hasta el fin del estado de alarma también beneficiará a los okupas en situación de vulnerabilidad. Quienes hayan accedido a una vivienda de manera irregular, y siempre que esta pertenezca a sociedades o empresas que posean más de 10 inmuebles, estarán dentro de esos colectivos a los que se protegerá con el decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros en los próximos días. Esta es la medida más llamativa del pacto entre PSOE y Unidas Podemos, que supone toda una novedad en los que respecta a los lanzamientos que se realizan habitualmente. Lo que es toda una victoria tanto para los morados como para Bildu y ERC, que reclamaron que se incluyera a estos perfiles en la prohibición de desalojar.
El único requisito que se exigirá a una familia que haya okupado un piso es que se acredite que están en una situación precaria. Una consideración que corresponderá a los Servicios Sociales, como establece el pacto entre los socios del Ejecutivo. Esto se acreditará a través de un informe, que tendrá que ser solicitado de manera obligatoria por los tribunales que se encarguen de los casos de desahucio si los afectados alegan esa vulnerabilidad requerida. Lo que supone que los jueces vayan a tener que decidir sobre casos que parten de una situación que es irregular en base a la legislación vigente. Además, si se les quiere desalojar, se les tendrá que garantizar una alternativa habitacional, como ocurrirá con el resto de colectivos que se beneficiarán de la nueva norma. Para ello, se da un plazo de tres meses a las comunidades autónomas para que les busquen un nuevo alojamiento.
La decisión implica que los de Pablo Iglesias puedan apuntarse un tanto. Y de paso, reforzar la alianza que mantienen con ERC y Bildu. Los tres partidos ya mostraron interés en que estuvieran prohibidos los lanzamientos de quienes hubieran okupado un inmueble. Y así lo plantearon en la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que presentaron conjuntamente. En concreto, aquel texto aludía a que se impidieran por ley los desalojos de quienes estuvieran inmersos en "procedimientos penales relativos al uso de inmuebles sin título regulado en el artículo 245.2 del Código Penal". Una redacción con la que se referían al artículo del CP que castiga a quienes ocupen viviendas sin autorización o en contra de la voluntad del titular de la misma.
En esa enmienda, que fue la que provocó una nueva crisis en el seno del Ejecutivo de coalición debido a que los morados la presentaron al margen de sus socios socialistas, el único requisito que se reclamaba a quienes hubieran entrado en una casa ajena era que acreditaran que carecían de alternativa habitacional ante la Justicia. Un supuesto que UP, Bildu y ERC quisieron contemplar debido a las peticiones de los sindicatos de inquilinos, que llevan tiempo pidiendo que se considerase como vulnerables a familias de okupas que pasaran por dificultades. Por lo que el futuro decreto-ley también servirá para que hayan contentado a organizaciones con las que dialogan normalmente por asuntos de vivienda.
Las CCAA estarán implicadas
Que se haya incluido la garantía de una alternativa habitacional para aquellos a los que se les aplique el desahucio va acompañada de una novedad a destacar. El pacto del Ejecutivo recoge que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de ofrecer el realojo a quienes se vean inmersos en estos procesos. Esta circunstancia era una de las reclamaciones de Unidas Podemos en las negociaciones, como ha podido saber este diario. Y es que a juicio de los morados, las competencias en políticas sociales de las autonomías son las que las obligan a ocuparse de la población vulnerable que no tenga fácil acceder a un techo. Además, las CCAA también serán las encargadas de lidiar con los casos de okupas. Aunque en este supuesto se les da un plazo de tres meses para que solucionen el problema.
La incorporación de medidas como la anterior evidencia el gran éxito que ha tenido Unidas Podemos con su insistencia en esta materia. La apuesta de Pablo Iglesias y Pablo Echenique con acuerdos al margen del Ejecutivo con partidos como Bildu y ERC ha dado sus frutos. De hecho, el pacto antidesahucios incluye gran parte de la esencia de la enmienda que los morados registraron junto a los abertzales y los independentistas. Lo que no han conseguido es que la prohibición de los lanzamientos fuera hasta 2023. Y está por ver que se asuma una de sus demandas: la de la prohibición de cortes de suministros básicos. La vicepresidencia segunda quiere que las empresas no puedan tomar estas medidas durante todo el estado de alarma. Pero las negociaciones con la vicepresidencia cuarta que dirige Teresa Ribera siguen estancadas.
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