Uno de los diez grandes ejes del preacuerdo anunciado este martes entre los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es la resolución de la crisis en Cataluña. Frente al desafío separatista, la coalición progresista propone "normalizar" la vida política fomentando el diálogo dentro del marco constitucional.
"El Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles", reza el texto.
Aunque los detalles del acuerdo se publicarán en los próximos días, ambos líderes han dejado claro que la alianza responde a un proyecto "ilusionante y progresista", tal como lo ha calificado el presidente del Gobierno en funciones. El principio de pacto ya ha sido avalado por el resto de los principales líderes de la izquierda. Tanto Alberto Garzón, cabeza de IU, como Íñigo Errejón, candidato de Más País, se han sumado a la alianza.
Bases económicas del acuerdo
El documento que recoge la reciente alianza señala como gran prioridad responder a los "grandes retos" a los que se enfrenta la sociedad española, partiendo de la desaceleración económica y la creación de empleo hasta la lucha contra el cambio climático. Frente a la primera, los dos partidos apostarán por consolidar el crecimiento partiendo de la lucha contra "la precariedad del mercado laboral", con el objetivo de "garantizar trabajo digno, estable y de calidad".
El texto pone el fortalecimiento de las PYMES en el foco de la agenda política, así como la revitalización el sector primario. PSOE y UP sitúan a la Administración como dinamizador de estos dos objetivos, así, el documento recoge la responsabilidad de la misma de "facilitar las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital".
Además, el documento lanza un alegato en favor de la justicia fiscal que no olvida el marco europeo: "El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa".
Prioridades sociales de la alianza
En el terreno social, el texto marca un ambicioso horizonte desde el principio, al hablar de una alianza "que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa"
El séptimo punto del decálogo, está reservado a las políticas feministas. En él, se recogen aspectos como la igualdad retributiva o la consecución de unos permisos de paternidad y maternidad "iguales e intransitables". El texto es rotundo en cuanto a la prostitución y propone "el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual".
Además el preacuerdo recoge la reversión de la despoblación y "el apoyo decidido a la llamada España vaciada", una cuestión que ha estado en el foco de la última campaña electoral. Finalmente, el texto aborda la cultura como un derecho y anticipa acciones para "combatir la precariedad en el sector".
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