La acusación que ejerce el PSOE en el caso Gürtel ha endurecido el tono contra el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, para quien solicita nueve años de prisión por la adjudicación de un 'stand' de Fitur en 2009. Si la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la acusación le imputa además malversación de caudales públicos por otorgar presuntamente fuera de los cauces legales la licitación de este montaje que fue a parar a una de las empresas de Francisco Correa.
"Las órdenes en asuntos como Fitur solo pueden venir directamente del propio Camps, que es quien ha comprometido su palabra con Orange Market", reza el escrito de acusación de la formación socialista recogido por este diario. En el mismo solicita además que se abra juicio oral contra un total de 28 personas, entre las que se encuentran el propio Correa, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo, exempleados de la compañía como Cándido Herrero o Isabel Jordán y la exdirectora general de Promoción Institucional Dora Ibars, entre otros.
La acusación de la trama explica que Orange Market forma parte del entramado empresarial que Correa creó para organizar actos del Partido Popular y apunta que fue en el año 2002 cuando se inició la actividad en la Comunidad Valenciana, gracias a la intermediación de Alejandro Agag, el cual presentó 'El Bigotes' a Camps. Tanto es así que explica que la trayectoria de esta empresa va "indisolublemente unida" al poder que fue ganando Camps en la región.
"Contratos impuestos desde muy arriba"
El escrito precisa que es cuanto menos "reseñable" que una empresa recién creada sea la adjudicataria no solo de este contrato sino también de otros relativos a determinadas consejerías de la Generalitat. Sin embargo, en lo que respecta a esta licitación de Fitur 2009, la acusación pone el foco en el poder de influencia que tuvo Camps en tanto la gestión se llevó a cabo desde la Dirección General de Promoción Institucional que dependía de Presidencia. Con todo, añade que es "especialmente revelador" que en el caso del stand de Grandes Eventos de ese ejercicio se rompiera con la costumbre de que cada unidad expositora contratara su propio espacio. Y ello pese a que así lo recogía el pliego de condiciones.
La acusación sitúa a Ibars como ejecutora de estos planes que culminaron con una reunión a entre los expositores y Orange Market a una semana de la celebración de la feria para acordar las condiciones del montaje cuyo coste fue de 366.529 euros. De acuerdo con el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, este es un claro ejemplo de que la trama lograba la adjudicación antes incluso de conocerse el procedimiento de licitación. "Este tipo de irregularidades, aparte de la relevancia penal, ponen claramente de manifiesto la falta de espontaneidad de los contratos y evidencia que los mismos han sido 'impuestos' o en el mejor de los casos 'sugeridos' desde muy arriba" añade.
El medio de pago reclamado por Correa y por el que respondió la Generalitat Valenciana, siempre según la acusación, fue la adjudicación de contratos públicos mediante facturas falsas y abultadas. Unos indicios, según expone la acusación, que han quedado probados en otras piezas de esta macrocausa ya juzgadas. Es el caso de la relativa a la financiación irregular del PP valenciano en la que algunos acusados, como es el caso de Ricardo Costa, confesaron que la formación regional financió con dinero negro campañas electorales como la del año 2007.
Baile de delitos
De hecho, fueron estas revelaciones en la vista oral -ratificadas por otros acusados como el propio Correa o los empresarios valencianos implicados en esta pieza- las que llevaron a la Sala de lo Penal, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a ordenar al magistrado José de la Mata, reabrir esta pieza concreta sobre la adjudicación de Fitur. Por estos hechos, el instructor interrogó a diversos implicados en el asunto, entre ellos Camps, el cual se desligó de las acusaciones y defendió la gestión de la Generalitat en estas licitaciones.
De la Mata, por contra, sí que ve indicios para sentarle en el banquillo y le procesó a comienzos de este mes al considerar que no existió "procedimiento alguno" en la adjudicación al entramado empresarial, el cual"trascendió las meras ilegalidades administrativas". No obstante, De la Mata procesó a Camps únicamente por delito de prevaricación administrativa, mientras que la Fiscalía Anticorrupción le imputa además tráfico de influencias mientras que la acusación que ejerce el PSOE da un paso más y le añade malversación de caudales públicos.
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