Jueves, 21.03.2019 - 03:41 h
Tras las últimas pesquisas de la UCO

La acusación de Púnica volverá a pedir la imputación de Aguirre y el PP en la causa

El juez denegó en diciembre la última solicitud y pidió que se esperase al término de la investigación sobre la presunta caja b del PP madrileño.

Esperanza Aguirre delcara en el Congreso de los Diputados
Esperanza Aguirre fue presidenta de la CAM entre 2003 y 2012. / Archivo

Las nuevas conclusiones alcanzadas por la Guardia Civil en la trama Púnica y que apuntan a una presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2011 han llevado a la acusación particular que ejerce Izquierda Unida a volver a plantear la citación en dicho procedimiento en calidad de investigados de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el Partido Popular, este último como persona jurídica. 

Según fuentes de la investigación consultadas por este diario, la formación trabaja ya en el escrito que registrará ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a tenor de los nuevos avances en la investigación de esta pieza 14 de la trama, relacionada con la presunta caja 'b' del PP regional. De las pesquisas elaboradas por la Unidad Central Operativa (UCO) se desprende que la formación costeó con fondos opacos la campaña electoral de mayo de 2011 en las que Aguirre revalidó su mandato al frente de la Comunidad de Madrid. 

En un informe con fecha de 11 de enero los investigadores revelaron nuevos nombres de empresarios que habrían participado en este circuito mediante donaciones a la formación y que, a su vez, cargaron facturas (con importes falsos o ficticios) a Fundescam, fundación que se nutre con fondos públicos y que creó el Gobierno regional en el año 2000. De esta forma aparecieron nuevas mercantiles vinculadas con la trama tales como Área de Recursos, Hermanos Barral y Demometrica cuyos principales administradores declararon ante la Guardia Civil confirmando, en algunos casos, cómo se canalizaron los pagos.

El mismo informe concluye que las facturas en cuestión fueron incorporadas al expediente de una subvención concedida a Fundescam por el presunto cabecilla de esta trama, Francisco Granados, y por el exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez Moliner, cuantificándose el importe defraudado en poco más de 109.000 euros. De hecho, uno de los empresarios que participó en este entramado explicó en su declaración ante la Guardia Civil que era Gutiérrez Moliner el que le decía cómo tenía que emitir las facturas, si a Fundescam o al propio partido. 

Sobre este asunto, los investigadores explican que la formación se hacía valer de siglas para especificar si los importes a pagar a los donantes tenían que salir de la caja b (a la que se referían con la letra 'c') de la propia Fundescam (f), de la cuenta corriente de funcionamiento del PP (p) o de la habilitada íntegramente para la campaña electoral de ese año ('a' y 'm'). Igualmente comparan las anotaciones del empresario Ricardo Vázquez Segura con las que efectuó Beltrán Gutiérrez sobre los actos electorales ese año de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre para poner de manifiesto que, en ambos casos, coinciden la fecha de los actos y la localidad en la que se celebraban. 

Meses ficticios para simular que no eran de campaña

A tenor de esto último, el Instituto Armado incorpora también una serie de correos electrónicos intercambiados entre ambos que evidenciarían el concierto entre empresario y político para fechar las facturas en meses que no se corresponden con los que realmente se celebraron dichas convenciones. En concreto, anotaron que determinados eventos se celebraron los meses de enero y febrero cuando en realidad se produjeron en abril y mayo de ese año. Se hizo de esa manera para conseguir enmascarar los gastos electorales del PP en la campaña electoral para que pudieran ser abonados desde la cuenta de funcionamiento de la formación en vez de la habilitada para los comicios de 2011.

La última vez que se pronunció el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre la posible imputación tanto de Aguirre como del PP como persona jurídica fue el pasado 18 de diciembre. En un auto al que tuvo acceso este diario, Manuel García Castellón calificó la petición de la acusación de "prematura" y apuntó a la necesidad de esperar a que concluyera la investigación relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño que se sigue en el marco de la pieza número 14 de la macrocausa, la cual "todavía no se encuentra delimitada ni formada procesalmente".

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