El horizonte judicial para el Partido Popular se complica. A las recientes imputaciones de ex altos cargos de la formación como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, se suma la pretensión de Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en el caso Púnica, de volver a pedir al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite como investigado al partido que preside Pablo Casado, según informan fuentes de la investigación a este diario.
No es una reclamación nueva; de hecho, lo han solicitado en numerosas ocasiones junto con la petición de citación como investigada de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el contexto ha cambiado, y mucho, desde la última vez que formularon al magistrado este requerimiento. Y ello no solo por la nueva batería de citaciones acordadas (que entre investigados y testigos suma cerca de 60 personas), sino porque las conclusiones alcanzadas por la Policía Judicial primero y después por la Fiscalía Anticorrupción acotan en gran medida esa presunta caja 'b' que se gestó en la formación regional.
Pese a que los investigadores apuntan a una financiación opaca de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, a efectos legales únicamente tendría que rendir cuentas por las de este último ejercicio teniendo en cuenta que la reforma del Código Penal permite la imputación de personas jurídicas por presuntos delitos cometidos a partir de 2010. Precisamente bajo esta misma premisa se imputó en esta macrocausa de corrupción a la empresa Indra o al BBVA en el procedimiento contra José Manuel Villarejo. En este caso quedaría por estudiar el informe de la Fiscalía Anticorrupción y la respuesta del instructor, el cual tiene de fecha límite para terminar la investigación el próximo mes de junio.
Este margen temporal acordado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha llevado a los investigadores a dar un buen impulso en toda la macrocausa, el cual se ha evidenciado en las últimas semanas. Así pues, al escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción -en el cual además reorganizaba las piezas del procedimiento dejándolas en un total de once- se produjo la respuesta del magistrado instructor traducida en más de una veintena de nuevas imputaciones en esta pieza relativa a la financiación irregular del PP madrileño.
En ambos escritos se definió a la perfección una campaña de recaudación de dinero opaco que arrancó apenas poco después de la llegada del equipo de Aguirre al Gobierno regional en 2003. La dinámica mediante la cual consiguieron grandes cuantías para sufragar los actos electorales la completaba el presunto amaño de adjudicaciones para que los donantes de la caja 'b' fueran recompensados por sus aportaciones, siempre según la tesis del Ministerio Fiscal. De este modo, el entramado no solo lo integran figuras entonces clave del partido como Aguirre, Francisco Granados o Cristina Cifuentes, sino también otros cargos de gran relevancia en el momento de los hechos como el exgerente Beltrán Gutiérrez, el cual llevaba la contabilidad en unos escritos incautados durante el registro a su domicilio.
Campañas sufragadas de forma "falsa y fraudulenta"
Estos hechos llevaron a las fiscales de la causa a concluir que fue el propio Beltrán Gutiérrez el que llevó un control directo de la financiación paralela desde la que se sufragaron de forma "falsa y fraudulenta" los gastos electorales de la formación. Fue este "colchón financiero" granjeado en el partido el que permitió a los acusados encargar unas campañas que por su "magnificiencia escénica" excedían con "diferencias millonarias" el techo de gasto electoral legal. Por ese motivo también han sido imputados otros altos cargos del PP de entonces como los exconsejeros José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola.
Precisamente estos son los extremos en los que ha se amparado desde siempre la acusación popular para pedir al juez que el PP rinda cuentas como persona jurídica. El magistrado, por su parte, ha sido rotundo en sus continuas respuestas en torno a estas peticiones asegurando que tanto la citación de Aguirre como la del partido en sí se trataban de diligencias innecesarias y que no procedían en el momento de la investigación. En una de sus últimas respuestas, el titular del Juzgado Central de Instrucción fue menos radical y concluyó que era una solicitud prematura en tanto se hacía necesario esperar a que terminara esta parte de la investigación que se sigue en la pieza novena de la red.
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