A falta de dos días para que arranque el juicio por el caso de los ordenadores de Luis Bárcenas, las acusaciones del procedimiento no dan por vencida su batalla de cara a que la vista se retransmita en directo. Por ese motivo han recurrido casi en tiempo de descuento la decisión del magistrado Eduardo Muñoz de Baena que acordó no facilitar señal institucional amparándose en que los acusados en el procedimiento, entre los que se encuentra el Partido Popular como persona jurídica, no son personajes públicos ni de notoriedad pública.
En contra de la tesis mantenida por el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, la acusación que ejerce la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) considera que la vista oral por el destrozo de los discos duros de Bárcenas sí tiene interés público. Así lo han plasmado en un escrito al que se ha adherido la formación Izquierda Unida y que determina que los tres acusados en el procedimiento, esto es, la extesorera de la formación Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno son personajes públicos, de acuerdo con el contenido del recurso recogido por este diario.
"Nos encontramos ante un procedimiento con una enorme relevancia pública suficiente para entender que el juicio debería ser retransmitido", exponen los firmantes del escrito, los cuáles precisan que los hechos que se juzgan a partir de este viernes despiertan un gran interés para la ciudadanía por tratarse de un procedimiento contra un partido político y tres "cargos orgánicos" del mismo. A todos ellos se les atribuyen los delitos de daños informáticos y encubrimiento por formatear hasta en 35 ocasiones los dispositivos electrónicos del que fuera máximo responsable de fianzas del PP y que esconderían información relacionada con una posible caja 'b' de Génova.
Sin motivos para no emitirlo
Las acusaciones recuerdan al juez que la ley no establece restricciones de acceso a las vistas (salvo casos de violencia de género o menores) y, por ello, solicitan que rectifique su decisión y dé señal institucional, tal y como pidió en un primer momento el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Lo que se está aplicando en la resolución recurrida no se ajusta a la relevancia de interés público del presente procedimiento", reza el escrito en respuesta al criterio del magistrado el cual, con su decisión, atendió el reclamo del PP.
La formación, que se sienta en el banquillo por los hechos ocurridos hace seis años, pidió al juzgado que no se emitiera la vista oral amparándose en la protección de los acusados y de los testigos que darán su versión del asunto y entre los que se encuentran la exsecretaria de organización de la formación, María Dolores de Cospedal, y el propio Bárcenas, cuya denuncia inicial dio lugar a la investigación. Al respecto, las acusaciones matizan que no se pueden amparar en la protección del anonimato de los testigos puesto que el juicio va a durar varios días y, al margen de que se televise o no, las personas llamadas a declarar pueden conocer la versión de sus antecesores precisamente porque se celebra en varias sesiones.
La magistrada Rosa María Freire abrió juicio oral contra los acusados en noviembre de 2017 tras una investigación marcada por un intento de archivo de la causa -revocado por la Audiencia Provincial de Madrid- y la postura de la Fiscalía, que no ejerce acusación. Sin embargo, la instructora sí que vio indicios de delito en la actuación de los acusados a los que les afeó que este proceso de borrado de los ordenadores de Bárcenas se llevó a cabo sin que el partido contara con un dispositivo de seguridad de este calibre y con la sombra de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la presunta contabilidad paralela del PP, en una causa bautizada como 'los papeles de Bárcenas'.
En su diseño de los hechos, Freire situó a Durán en el núcleo de la decisión de destrozar los ordenadores del extesorero, orden que acometió Moreno y que contó con la connivencia de Carmen Navarro y del Partido Popular, "que no evitó la comisión de este delito". Aunque los investigadores han concluido la instrucción de la causa sin saber 'de facto' qué almacenaban los dispositivos debido a las "técnicas drásticas" de destrozo de los mismos, Bárcenas expuso que guardaba anotaciones y pagos en 'b' así como nombres de presuntos donantes de la formación y material personal. Lo que sí quedó probado es que guardaba todos estos documentos en sus despacho de Génova el cual, en ausencia, dejaba cerrado con llave impidiendo su entrada incluso a los servicios de limpieza.
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