El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reactivado la causa del Banco Popular tras incorporar a la misma el dictamen pericial del Banco de España y ha pedido a las 103 acusaciones que la integran que se agrupen en un total de 10 de cara a evitar que la instrucción del procedimiento, que arrancó en octubre de 2017, se eternice en el tiempo. De hecho, el magistrado reconoce que, de seguir el caso con tal número de perjudicados actuando de manera independiente, éste acabaría tornándose "ingobernable".
De esta forma el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 sigue el criterio que prevalece en las macrocausas que se instruyen en este órgano judicial-como es el caso del Madoff catalán o de la estafa de las clínicas de iDental- y pide alegaciones al total de 103 perjudicados por la ampliación de capital, además de 19 querellados y de la acusación popular. Según explica, lo deseable es que todos los afectados se pongan de acuerdo para realizar este trámite de manera voluntaria si bien, de no conseguirse, fijará él los criterios determinados para llevar a cabo esta medida.
"Resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable desde un punto de visa procesal. Por ello, se impone la racionalización del poder de postulación de las acusaciones particulares, agrupándolas en un número de representaciones y defensas. Con ello se coadyuva a que no se lesionen derechos de rango constitucional como el de la tutela judicial efectiva", explica el magistrado en su auto con fecha del 11 de abril en el que da un plazo de cinco días a las partes y a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncien al respecto.
El auto del magistrado se conoce un día después de que se incorpore a la causa el crucial peritaje que encargó el anterior instructor Fernando Andreu al Banco de España para concretar su análisis sobre la entidad, que acabó siendo comprada tras su resolución por el Banco Santander por el simbólico precio de un euro. El informe, elaborado por dos inspectores del supervisor, concluye que aunque la entidad no era inviable, la ampliación de capital de 2.505 millones de euros se llevó a cabo con unas previsiones "más optimistas" de lo que deberían.
El dictamen recoge una serie de hechos los cuáles, a juicio de los inspectores, provocaron la caída del que fuera sexto banco en activos en España. Entre ellos destaca la "intensa" fuga de depósitos de 16.000 millones de euros que se produjo entre abril y junio de 2017, lo que hizo que deviniera "prácticamente imposible" que la entidad presidida entonces por Emilio Saracho pudiera cumplir con sus objetivos y sus compromisos de pagos. Igualmente se hacen eco de las opiniones del BCE en lo que respecta a las posibles alternativas por las que pudo haber optado el banco en aras a evitar su resolución por el FROB. En este sentido, reconocen que una nueva ampliación de capital hubiera evitado el desenlace del banco que derivó en la apertura de esta macrocausa penal.
Los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández también ponen el foco en el relevo en la cúpula del banco que se produjo entre los meses de diciembre de 2016 y febrero del ejercicio siguiente. Al respecto apuntan que todos estos cambios se produjeron apenas meses después de la ampliación de capital y en un momento convulso para el banco. Por ese motivo determinan que se actuó sin un plan preconcebido, con ausencia total de decisiones y en el marco de una crisis interna dentro del Consejo de Administración que derivó en filtraciones que también se investigan en la causa por presunta manipulación de mercado.
Querellas de la OCU y otros perjudicados
En su auto de este jueves, Calama recuerda que la causa comenzó a instruirse en la Audiencia Nacional a tenor de varias querellas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción así como por la OCU y otras asociaciones por los delitos de falsedad societaria, administración desleal, contra el mercado y falsedad documental contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho así como miembros de su consejo de administración. Desde entonces el instructor ha ido admitiendo en la causa la personación de perjudicados por estos hechos que litigan por la vía penal.
El magistrado les ha permitido formar parte del procedimiento en la causa principal, relativa la ampliación de capital, pese a que el Banco Santander -imputado por su condición de heredero- se ha opuesto en numerosas ocasiones a esta medida apuntando que, de ser damnificados, lo fueron por lo ocurrido en la última etapa del banco, de ahí que deberían estar personados únicamente en la pieza separada en la que se investiga este asunto concreto.
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