Acusaciones y reproches por corrupción calientan la campaña kuwaití

  • La campaña electoral en las elecciones legislativas de este jueves en Kuwait cobra nuevo ímpetu con mutuos reproches de corrupción, acusaciones de interferencia gubernamental y controversias tribales, que han degenerado en el incendio de la carpa de un candidato.

Alfonso Bauluz

Kuwait, 31 ene.- La campaña electoral en las elecciones legislativas de este jueves en Kuwait cobra nuevo ímpetu con mutuos reproches de corrupción, acusaciones de interferencia gubernamental y controversias tribales, que han degenerado en el incendio de la carpa de un candidato.

Mientras, el Gobierno se esfuerza en presentar unos comicios transparentes confiados al buen hacer de las asociaciones locales de abogados y periodistas con la filial kuwaití de Transparencia Internacional como garante de la limpieza de las votaciones.

La temperatura electoral aumenta con descalificaciones y acusaciones de compra de voluntades de ex parlamentarios y candidatos y de división entre algunas tribus, que suelen acordar el voto en bloque, aunque sean ilegales las primarias.

La pasada noche, un grupo de airados miembros de la tribu Al Mutair incendió el cuartel general de Mohamed Al Juwaihel, que concurre por el tercero de los cinco distritos electorales, el considerado clave por los analistas locales.

Le acusan de insultar a esa tribu y a su oponente Obaid Al Wasmi, que disputa uno de los 50 escaños de la Asamblea Nacional por el cuarto distrito.

Este ha sido el hecho más grave en una campaña en la que se mantienen los ceremoniosos rituales de saludos, la etiqueta en el atuendo tradicional y la convocatoria pausada a los electores para que, al caer la noche, acudan a los mítines.

Todo ello rodeado de un ambiente de cartelería electoral, pantallas de vídeo gigante en el exterior, focos en abundancia y mayores sentados en primera fila de la audiencia para resaltar su respetabilidad y posición honorífica.

Quienes son menos radicales en sus planteamientos políticos, como la ex diputada Salua Al Yassar Abdullah aducen que donde no hay corrupción, mientras que otros de verbo más encendido, como el candidato Shuaib Al Munwaiziri centra su campaña en el lema: "Donde está nuestro dinero".

Sin embargo, es el cuarto distrito el esencial para averiguar la tendencia de la nueva Asamblea Nacional, donde además de los electos, quince miembros del gabinete designado por el primer ministro ocuparán escaño y condicionan la mayoría predominante.

A ellos se sumarán los independientes que decidan apoyar al Gobierno encabezado por el ex ministro de Defensa, jeque Yaber al Mubarak al Hamad al Sabah, algo habitual en una Asamblea de independientes.

La falta de partidos políticos legales, aunque sean tolerados los de bloques, facilita el tránsito entre grupos, las acusaciones de compra de voto y es en este distrito donde se considera que todas las fuerzas en disputa tienen representación.

Aquí es donde el veterano opositor Ahmed al Sadun pone a prueba su actual respaldo popular, en un distrito urbano que cuenta con electores de tendencia islamista o liberal, aunque también chií y tribal.

El reparto de la riqueza del emirato petrolero suma en esta convocatoria la incógnita de la afluencia juvenil a las urnas y si esta se ve marcada por la denominada "Primavera Árabe".

El vigor de las manifestaciones y protestas, que el pasado noviembre desembocaron en la disolución del gabinete y la ulterior convocatoria de elecciones, con la destacada participación de los jóvenes, quedará así puesta a prueba en las urnas.

En Kuwait, donde el Estado tradicionalmente tiene capacidad para atender las demandas básicas de la población autóctona reconocida con la ciudadanía, es costumbre que el Gobierno acometa mejoras y ya ha adelantado que estudiará mejorar los complementos, sobresueldos, y prestaciones para quienes no han recibido los estipendios extraordinarios.

La subida de sueldos, según fuentes gubernamentales citadas hoy por el diario Al Watan, será acometida tras las elecciones.

Hoy, en un encuentro con periodistas, Saleh Yuseff al Fadhala, responsable de la agencia estatal encargada de resolver la situación de los apátridas, unas 105.000 personas, defendió las bondades de la atención que reciben.

Para un país con poco más de 1,2 millones de ciudadanos y más de un 60 por ciento de residentes extranjeros de la población total, este es un asunto espinoso, no sólo por la cuestión de la ciudadanía o su coste económico, sino por la repercusión demográfica real que supone.

"Es una buena vida" afirmó Yuseff al Fadhala al ser preguntado por ellos y aseguró que reciben todo tipo de prestaciones y tienen sus necesidades cubiertas, aunque previno que cuenta con un plazo de cinco años para solventar el problema, uno más de los que calientan el debate electoral.

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