Acusada de intentar secuestrar a edil del PSE reconoce alquiló pisos para ETA

Madrid 11 feb.- La etarra Olga Comes Arambillet, integrante del "comando Vizcaya" de ETA, ha reconocido hoy en un juicio en la Audiencia Nacional que alquiló pisos para la organización, pero ha negado que hiciera seguimientos y recabara información para secuestrar al concejal del PSE en Eibar (Guipúzcoa) Benjamín Atutxa.

Comes ha comparecido ante el tribunal que la juzga acusada de un intento de secuestro y de tenencia de explosivos, delitos por los que el fiscal solicita para la etarra, ya condenada en Francia por su pertenencia a ETA, 13 años de cárcel.

Según el fiscal, Comes sometió a Atutxa a vigilancia entre octubre de 2007 y abril de 2008 con el objetivo de secuestrarle, mantenerle con vida el par de días que iba a durar la retención y finalmente matarle.

No obstante, durante la vista oral la etarra sólo ha reconocido que alquiló dos pisos -uno en Logroño y otro en la localidad riojana de Ezcaray- que se anunciaban en Internet, pero ha declarado que en ningún momento participó en el traslado de explosivos y armas desde zulos de la banda a los garajes de esas viviendas.

Tampoco hizo seguimientos al concejal ni recabó información sobre él, según ha dicho la acusada, quien ha afirmado que nunca comentó nada sobre acciones terroristas con los otros miembros del comando Vizcaya.

Mientras, el ya juzgado y condenado por el intento de secuestro del concejal, Arkaitz Goikoetxea, que ha declarado en el juicio como testigo, ha asegurado que ni la acusada ni nadie hizo seguimientos del edil y que se inventó toda su declaración a la Guardia Civil a partir de datos sobre la víctima recogidos de un periódico.

Después de insistir en que la declaración ante los agentes la efectuó bajo "torturas" y "presiones" y en que la prestada ante el juez fue "voluntaria", Goikoetxea ha explicado que la acusada llegó de Francia enviada por la organización terrorista con la única función de alquilar la infraestructura y que no participó en acción armada alguna.

Apenas tuvo contacto con ella porque las funciones de cada uno estaban muy claras y "no se mezclaban", aunque convivieron en el mismo piso los tres primeros días de la estancia en España de Olga Comes.

Ha declarado también en el juicio, que continuará mañana con las pruebas periciales, el concejal de Eibar, quien ha señalado que durante las dos legislaturas en las que ejerció como edil no recibió amenazas directas de ETA, pero sí el rechazo de miembros de la entonces Herri Batasuna.

Atutxa prescindió de escolta durante los periodos de tregua, ha señalado también el concejal en el breve interrogatorio por videoconferencia.

Los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la operación policial de este intento de secuestro han ratificado que el comando contaba con dos zulos, uno de ellos en la localidad riojana de Pazuengos, donde fueron encontrados hasta 125 kilos de explosivos, abundante munición, cordón detonante, detonadores y temporizadores.

Y también jeringuillas y sedantes con los que los etarras pretendían sedar a su víctima.

Precisamente, según han manifestado los agentes, fue el propio Goikoetxea quien tras ser detenido condujo a los guardias civiles y al juez hasta el zulo, que marcó en un croquis a mano alzada.

Según la Guardia Civil, el entonces jefe de ETA, Garikoitz Aspiazu "Txeroki" aportó al comando una descripción precisa de la víctima a secuestrar y los etarras verificaron la información, aunque la acusada confirmó después que el concejal disponía de escolta y desistieron de perpetrar la acción.

Aunque en los dos pisos no se encontraron explosivos, los investigadores comprobaron que era en ellos y en sus garajes donde se confeccionaban los artefactos con el material explosivo y electrónico que escondía en los zulos el comando, integrado también por Jurdan Martitegi.

Según el escrito de conclusiones del fiscal, los explosivos de los que el comando disponía fueron presuntamente utilizados para atentar contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Calahorra (La Rioja) y contra el Real Club Marítimo "El Abra" de Getxo (Vizcaya).

La acusada ya fue condenada en noviembre de 2012 por el Tribunal Correccional de París a 5 años de cárcel por la elaboración de explosivos y por su pertenencia a la logística del aparato militar de ETA.