Comienza este martes, día 12 de febrero, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el juicio que sienta en el banquillo a 12 líderes independentistas por los delitos de rebelión, sedición y malversación por dar luz verde a las leyes de desconexión del territorio catalán y organizar una consulta independentista prohibida por el Tribunal Constitucional.
La expectación que levanta el juicio es tal que 600 periodistas de 150 medios de comunicación diferentes (de los cuáles 50 son extranjeros) han solicitado acreditación para cubrirlo íntegro.
Según afirma la Fiscalía en su escrito de acusación, todos los acusados "dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia, a la que denominaron 'procés', perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como un nuevo Estado con forma de República".
Estos son los doce acusados que se sientan en el banquillo, los hechos de los que se les acusa y sus principales argumentos de defensa.
Fiscalía pide 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación a Junqueras por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel por sedición y malversación; mientras que la acusación popular ejercida por VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Asimismo, señala que asistió a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña en los días previos a la votación, en la que fue advertido por los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra de la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos tras el antecedente ocurrido el 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la Consejería de Economía.
El 'número dos' de Puigdemont defiende la legalidad del referéndum, en cuya jornada, asegura, no hubo ningún alzamiento violento ni el delito de rebelión. Además, denuncia la existencia de una causa para escarmentar el independentismo.
Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial de que se se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que participó en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles altercados violentos durante el referéndum.
La defensa del exconsejero de Interior asegura que defendió la independencia por vías pacíficas y que no dio ninguna consigna política ni operativa a la policía autonómica, ni diseñó los operativos policiales del 20 de septiembre y del 1 de octubre.
Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
El Ministerio Público afirma que también participó en el diseño del plan del 'procés' y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O. En este sentido, el escrito explica que desde su Consejería se financió la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación.
Turull también niega la violencia y asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum. Además, rechaza la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.
Para Raül Romeva, Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía afirma que fue otros de los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las página web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.
La defensa de Romeva insiste en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.
Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación para Josep Rull por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
El Ministerio Fiscal dice que participó en los encuentros donde se definió la estrategia independentista. Añade algunas de sus manifestaciones públicas como la del 21 de septiembre de 2017 en la que alardeó de haber impedido atracar un buque para alojar a los miembros de la Policía en la bahía de Palamós (Girona).
El exconsejero es otro de los acusados que insiste en que no hubo violencia y que la causa pretende escarmentar a políticos pacifistas, ya que, a su juicio, la Justicia ha creado un relato inexistente retorciendo el Código Penal. Asimismo, señala que el día 20 de septiembre de 2017 nadie intentó asaltar la Consejería de Economía ni impedir la comitiva digital.
Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía subraya que Bassa se responsabilizó de poner a disposición de la Generalitat los centros escolares y cívicos que dependía de su Consejería para garantizar el 1-O y que desarrolló una base de voluntarios para participar en la consulta.
El escrito de defensa no ha sido facilitado por lo que no se conoce aún sus argumentos.
La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
La Fiscalía destaca en su escrito de acusación su participación en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia. Destaca su capacidad de movilización y llamamientos a favor de la celebración de un referéndum en las distintas manifestaciones y las Diadas celebradas entre 2013 y 2016, así como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante las puertas de la Consejería de Economía, dentro de la estrategia de movilización en el marco de la desconexión de la comunidad autónoma con España. Sobre esta última, el Ministerio Público señala que Sànchez se erigió como interlocutor de los concentrados ante los agentes policiales e impuso condiciones a los policías que suponían ponerles en riesgo.
La defensa de Sànchez se centra en que la concentración durante los registros a la Consejería de Economía era un acto de protesta pacífica y que la ANC nunca se saltó ninguna advertencia judicial, pues ni la asociación ni él mismo recibió un requerimiento de ninguna autoridad que le ordenase abstenerse de realizar algún comportamiento. Por último, asegura que en ningún caso se impidió el registro y que la comitiva judicial no estuvo en peligro en ningún momento.
La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
La Fiscalía afirma que también participó en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. Al igual que Sànchez hizo reiterados llamamientos para votar un referéndum en las distintas manifestaciones, como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la que se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente.
El presidente de Òmnium Cultural denuncia la vulneración del derecho de reunión pacífica y derechos civiles y democrático y advierte que si se le condena, la Justicia internacional sancionará a España por la vulneración de los derechos humanos. Cuixart reconoce haber hecho llamadas expresas a los concentrados en la Consejería de Economía pero para que se comportasen de forma pacífica. Por eso, añade que junto Sànchez adoptó las medidas necesarias para conducir la manifestación de forma cívica
La Ficalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
La Fiscalía le acusa de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Además, señala su participación en actos y llamamientos a favor de la independencia de Cataluña.
La defensa de la expresidenta del Parlament se desvincula de cualquier decisión de la convocatoria del 1-O, así como de la aprobación de la DUI, sobre la que explica que llegó al Pleno de la cámara autonómica a petición de los grupos parlamentarios. Argumenta que nunca participó en la toma de decisión del Govern en torno al 'procés' y que cuando Junts pel Sí y la CUP pidieron debatir y votar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, se limitó a actuar de acuerdo al reglamento del Parlament.
La Fiscalía pide 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación; mientras que VOX pide 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
La Fiscalía señala que su departamento autorizó los contratos necesarios para el referéndum.
Su defensa niega la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional porque, según alega, no era diputada cuando se deliberaron y aprobaron las leyes de desconexión.
La Fiscalía pide 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación; mientras que VOX pide 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
La Fiscalía dice que participó en algunas de las reuniones en las que se fijaron los planes independentistas y que su departamento autorizó contratos necesarios para el referéndum, desatendiendo al Tribunal Constitucional.
El escrito de defensa no ha sido facilitado por lo que no se conoce aún sus argumentos.
La Fiscalía pide 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación; mientras que VOX pide 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
La Fiscalía indica que permitió, a través de su Consejería, toda la contratación necesaria para la organización del 1-O.
Vila defiende que su posicionamiento siempre fue el de promover las políticas de consenso. Por ello, recuerda que dimitió un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Asimismo, dice que su departamento no gastó dinero para celebrar la consulta independentista, sino que no se financió con dinero público.
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