En el acuerdo, alcanzado este lunes antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria, se aplica la atenuante de toxicomanía para cinco de los seis acusados, mientras que todos se benefician de la de dilaciones indebidas al haber habido "retrasos injustificados" por la "pequeña complejidad de la causa".
La Sección Primera de la Audiencia dictará sentencia en base a este acuerdo en el que los dos principales acusados, J.M.M. y V.Z.G., para los que el fiscal pedía 8 años y un mes de cárcel y multas de 239.000 y 47.000 euros, respectivamente, reducen sus penas a cuatro años y un mes de prisión y 85.000 y 17.800 euros de multa.
Con este acuerdo de conformidad, cinco de los seis acusados han aceptado ser condenados por un delito contra la salud pública a dos años y medio de prisión, a los que los dos de ellos, los principales acusados, sumarán la pena de un año y siete meses por blanqueo de capitales, mismo delito al que será condenada la pareja de uno de ellos, S.C.D.
Por el tráfico de drogas, los cinco acusados por este delito tendrán que abonar multas que van desde los 25.000 a los 2.800 euros, mientras que los tres procesados por blanqueo de capitales tendrán que pagar entre 60.000 y 15.000 euros.
La investigación de los hechos juzgados este lunes surgió a raíz de un encuentro "casual y sorprendente" de cocaína por parte de la Guardia Civil en un camino forestal de la localidad de Vargas, en julio del año 2012.
En un hueco de la vegetación, junto a la base de un árbol, los agentes encontraron un paquete forrado en plástico verde que contenía un recipiente con 40 gramos de cocaína semienterrada en arroz, con una pureza del 75%.
En el recipiente se encontraron dos huellas dactilares de EJ. D.M., lo que motivó la apertura de una investigación que permitió descubrir que éste y su mujer, A.F.P., se dedicaban a la venta de cocaína al menudeo, y que les proveía la droga inicialmente en Madrid V.Z.G., y después M.G.P.
En octubre de 2012 fueron detenidos M.G.P. y EJ.D.M. en Torrelavega y Vargas, respectivamente, después de realizar un intercambio de droga y dinero, y posteriormente se detuvo a la mujer del segundo, A.F.P., procediéndose al registro de sus domicilios.
Por otro lado, la investigación también permitió descubrir que el proveedor inicial, V.Z.G., tenía su propia red de venta de cocaína al menudeo en Madrid, junto con su compañera, S.C.D., también acusada, y que era su única fuente de ingresos. El sexto acusado, J.M.M., era proveedor de V.Z.G., y se dedicaba también a la alteración de contadores.
Los tres fueron detenidos en diciembre de 2012, y al igual que en las detenciones de Cantabria, en los registros domiciliarios se encontraron importantes cantidades de droga y dinero en metálico.
El fiscal ha cifrado el aumento patrimonial injustificado de J.M.M. en 80.000 euros, por lo que se ha acordado el comiso de cualquiera de sus bienes hasta alcanzar esa cuantía. Mientras, en el caso de V.Z.G. y su pareja, S.C.D., el incremento patrimonial se ha estimado en 20.000 euros e, igualmente, se ha acordado el comiso de bienes tanto de titularidad individual como conjunta para cubrir esa suma.
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