La Paz, 13 ene.- El Parlamento boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, acusó hoy a trece exautoridades, incluidos el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el opositor Samuel Doria Medina, por supuestos daños económicos causados con la privatización de empresas en la década de los años 90.
El actual Legislativo, que concluyó hoy su gestión, aprobó dos "proposiciones acusatorias" contra las trece exautoridades, tras escuchar el informe de la comisión parlamentaria que investigó, a instancias del Ejecutivo, los supuestos daños causados al país con la privatización de empresas públicas entre 1989 y 2000.
Estas propuestas fueron enviadas a la Fiscalía General del Estado, que tiene 30 días para rechazarlas o aceptarlas, y si ocurre lo segundo, la nueva Asamblea Legislativa, que iniciará sus actividades el próximo 22 de enero, deberá autorizar el juicio de responsabilidades en contra de los acusados.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que también preside el Parlamento, explicó que las "proposiciones acusatorias" se refieren en concreto a dos casos: la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) y la creación de un fondo de créditos productivos.
En uno de los casos, están acusadas siete exautoridades, incluidos Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Reynaldo Peters, y Doria Medina, que fue ministro de Planeamiento entre 1989 y 1993.
En el segundo, fueron incluidas nueve exautoridades, entre ellas nuevamente Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Peters.
Las trece exautoridades están acusadas de los delitos de "contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".
Según García Linera, en las dos investigaciones se logró "recabar la totalidad de las pruebas, pero todavía hay muchos otros casos más" que deberán ser investigados por el nuevo Legislativo, en el que el oficialismo también tendrá la mayoría.
El próximo Parlamento deberá crear una nueva comisión "para continuar el trabajo" de sus predecesores "y seguir enjuiciando a los responsables de otros casos puntuales de privatización", añadió el vicepresidente.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín viven en EE.UU. desde hace más de once años y deben responder en un juicio en Bolivia por su supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas entre septiembre y octubre de 2003.
Aquellas muertes se produjeron durante la represión a una revuelta social en contra de la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a EE.UU. a través de un puerto chileno.
Doria Medina es el principal líder opositor y se ha enfrentado en las urnas a Evo Morales tres veces, la última en las elecciones celebradas en octubre pasado, en las que el actual gobernante fue reelegido con el 61,3 % para un tercer mandato hasta 2020.
El vicepresidente sostuvo hoy que durante el periodo de las privatizaciones, "Bolivia se quedó sin recursos" y perdió "soberanía económica y política".
"Es un periodo que no puede quedar impune, que no lo podemos meramente recordar como parte de la historia", afirmó.
Justificó que la Constitución vigente desde 2009 establece que los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra del patrimonio del Estado "son imprescriptibles".
Doria Medina escribió hoy en su cuenta de Twitter que la acusación del Gobierno "es tan mentirosa que no se atrevieron a escuchar" su "verdad" y que el vicepresidente actuó como "fiscal y juez" y ya dictó "condena" en este caso.
"Me atacan por haber recibido el respaldo de más de un millón doscientos cincuenta mil votos (en los comicios de octubre)", añadió.
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