San Juan, 30 ene.- Nueve presos fueron acusados y pueden enfrentarse a la pena capital por el primer asesinato de un agente federal de EE.UU. en Puerto Rico, el teniente puertorriqueño Osvaldo Albarati, quien murió el 26 de febrero de 2013 en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, localidad vecina a San Juan.
La jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó hoy en una conferencia de prensa de que el asesinato de Albarati, en represalia por haber confiscado a los presos varios teléfonos celulares y material de contrabando, fue el primero de un agente federal en la isla caribeña.
Los acusados estaban detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, donde prepararon el asesinato de Albarati después de las confiscaciones que él ordenó.
El cabecilla del grupo fue identificado como Oscar Martínez Hernández, conocido como "Cali", que había sido arrestado en Venezuela en 2001 tras ser acusado de contrabando de drogas.
Rodríguez destacó que los acusados se exponen a la pena capital por el asesinato de un funcionario federal, aunque no reveló si recomendará ese castigo, tras señalar que la decisión le corresponde al secretario de Justicia federal, Eric Holder.
Puerto Rico mantiene un estatus político de Estado Libre Asociado a Estados Unidos, país del que es territorio la isla caribeña desde 1898, aunque cuenta con una constitución propia y cierto grado de autonomía en algunas áreas de Gobierno, si bien Washington se reserva los apartados de fronteras, defensa y relaciones diplomáticas, entre otros.
En la isla caribeña conviven la Justicia federal estadounidense -común a todos los estados del país norteamericano- y la local del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se aplican a todos los residentes indistintamente.
La Constitución de 1952 de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte, pero al ser un territorio de Estados Unidos las autoridades judiciales federales sí podrían imponerla, aunque su aplicación (la ejecución del reo) tendría que llevarse a cabo fuera de la isla.
Puerto Rico ejecutó por última vez a una persona en 1926 y en 1929 abolió esa práctica.
El caso más reciente en el que un puertorriqueño se vio cerca de la pena capital fue el de Alexis Candelario Santana, declarado culpable en marzo de 2013 en un juicio federal por la muerte de ocho personas, aunque la falta de unanimidad del jurado impidió su ejecución, que hubiera tenido que celebrarse en Estados Unidos.
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