La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado una carta y un documento al ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con propuestas que cree que debe recoger el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. La carta y el documento los ha remitido la líder barcelonesa de los comunes en su condición de alcaldesa, pero sus propuestas no han sido consensuadas con el PSC, su socio de gobierno en el consistorio de la capital catalana, según fuentes del grupo municipal socialista.
"Responden solo a los planteamientos de los comunes", han subrayado las citadas fuentes, quienes han incidido en que el concejal del PSC Joan Riera ha respaldado en las redes sociales la propuesta de ley de vivienda presentada por el ministerio. En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Colau expresa su preocupación por "el retraso continuado que se está produciendo en relación a la futura ley" y por las noticias que "contravienen el acuerdo de Gobierno en que se establece la necesidad de la regulación del alquiler", aunque se manifiesta convencida de que "se acabarán respetando".
Además de la regulación de los alquileres, la líder barcelonesa de los comunes señala como "imprescindible para el mundo local y económico" abordar "una reforma fiscal y una financiación adecuadas para impulsar la urgente ampliación del parque público y de vivienda asequible de alquiler". "Espero que estos textos ayuden a encontrar las vías legales y jurídicas para la regulación del alquiler y para promover una política a nivel estatal que sea una referencia internacional por su compromiso con el derecho a la vivienda", señala Colau a Ábalos en su carta.
Según han informado a EFE fuentes municipales, la propuesta de Colau apuesta por un régimen legal que obligue a las administraciones públicas a declarar parte o todo un municipio como zona de mercado "tensionado" cuando se den ciertas circunstancias. A partir de esta declaración, tal como prevé la reciente legislación catalana en esta materia, los precios del alquiler no podrán superar ni el del contrato anterior ni el marcado por el índice de precio de referencia, aunque será posible incrementarlo hasta un 10% en función de las características de la vivienda alquilada.
Además del precio, la norma deberá incorporar la modificación de leyes vigentes como la Ley de Arrendamientos Urbanos, para incorporar una serie de condiciones restrictivas para garantizar al menos una primera renovación del contrato pasando, de 5 y 7 años a 10 y 14 años la duración de los contratos de alquiler. Asimismo, para tener un mayor control e información sobre los contratos de alquiler en vigor y luchar contra el fraude, se propone crear un registro administrativo estatal de alquileres, donde será obligado inscribir todos los contratos para que sean válidos.
La propuesta para la nueva ley estatal de vivienda prevé prohibir los desahucios con fecha abierta y blindar la mediación y la obligatoriedad de ofrecer alquiler social en el caso de impago de alquiler y de ocupaciones cuando la propiedad sea un gran tenedor, una entidad financiera o fondos de inversión, así como también en aquellos casos de ejecuciones hipotecarias. Por otro lado, se propone la obligación legal de destinar conjuntamente todas las administraciones el 1% del PIB durante cinco años, y el 1,5% en diez años, a políticas públicas de vivienda.
El objetivo es que en un plazo máximo de 20 años, en todos los municipios de más de 5.000 habitantes se alcance el 15% del parque de vivienda social. Según el consistorio, para lograrlo, todos los suelos públicos con calificación de vivienda deberían destinar a vivienda protegida , así como incentivar la compra pública del parque existente a través de derechos de adquisición preferente. Además, en aquellas zonas donde todavía haya margen de crecimiento, como es el caso del área metropolitana de Barcelona, la nueva ley establecería unas reservas estatales mínimas de vivienda protegida tanto en suelo urbanizable como en suelo ya urbanizado.
En cuanto a los particulares, propietarios de más de 3 millones de viviendas en todo el estado, el actual modelo fiscal establece una reducción del 60% de los ingresos por alquiler a la hora de tributar el IRPF, cualquiera que sea el número de viviendas alquiladas, el precio y la duración de los contratos. Para incentivar la rehabilitación de viviendas, la reducción tributaria en el IRPF se podría ampliar al 70 por ciento. El documento propone también que las ayudas públicas a la rehabilitación o alquiler de la vivienda estén exentas de tributación.
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