[Actualización: Sánchez adelanta las elecciones al 28 de abril y antepone la política a la economía]
Pedro Sánchez tiene en su mano evitar una sanción multimillonaria de Bruselas a España. Si el presidente del Gobierno cede ante la presión de los barones del PSOE y convoca elecciones generales para el 14 de abril, estaría 'echando por tierra' la aprobación definitiva de la nueva Ley Hipotecaria. De esta forma, expondría al país a recibir una multa de la Comisión Europea de 100.000 euros al día por no haber adaptado a tiempo la legislación española a los estándares comunitarios en materia de crédito inmobiliario.
De acuerdo al borrador del orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados de la semana que viene, está previsto que el último trámite que debe pasar la norma antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tenga lugar el 21 de febrero, día en el que se votarán en la Cámara Baja las enmiendas al texto aprobadas la semana pasada en el Senado.
Para que las elecciones se celebren el 14 de abril, Sánchez deberá convocar los comicios, y disolver las Cortes, antes del martes 19 de febrero, lo que daría al traste con meses de trabajo en el Congreso de los Diputados y obligaría a reiniciar la tramitación parlamentaria de la Ley Hipotecaria, cuyo objetivo es elevar la protección de los consumidores que suscriben créditos destinados a la adquisición de una vivienda.
La aprobación de esta norma siempre ha sido uno de los asuntos de mayor prioridad en la agenda de Nadia Calviño desde que asumió el Ministerio de Economía y Empresa ante la amenaza de multa. Según fuentes conocedoras, la titular del ramo económico es consciente de que la aprobación definitiva y la entrada en vigor de la ley penden de un hilo si las elecciones se celebran el 14 de abril, por lo que estaría presionando a Sánchez para dejar el asunto resuelto antes de convocar los comicios y evitar así cualquier tipo de sanción. Este problema no surgiría si las elecciones se convocan para el 28 de abril, otra de las fechas que se está barajando.
Lo cierto es que las trasposición de la directiva comunitaria acumula un retraso de casi tres años. La Ley Hipotecaria tenía que haber estado lista antes del 21 de marzo de 2016, pero las dificultades para formar Gobierno en 2015 y la repetición de las elecciones generales retrasaron el proceso. El proyecto de ley se aprobó finalmente a finales de 2017 con el Gobierno del PP. No obstante, el desafío independentista en Cataluña, la aplicación del 155, el adiós de Guindos y la moción de censura de Pedro Sánchez dilataron aún más su tramitación.
De este modo, España está expuesta a una multa de 106.000 euros diarios a contar desde el día en que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie al respecto. La sanción se extendería hasta que España adapte su legislación a los estándares comunitarios en materia de hipotecas. Si no se disuelven las cámaras antes del jueves 21 de febrero, la nueva Ley Hipotecaria será efectiva a finales de marzo o a finales de mayo. Depende de si el Congreso de los Diputados, que tiene la última palabra, tumba o no una enmienda introducida por el PP en el Senado con la que pretende aplazar la entrada en vigor de la norma hasta tres meses después de su publicación en el BOE y no los 30 días iniciales.
No afectará a la política hipotecaria de la banca
Sea como fuere, la posible celebración de elecciones generales no condicionará en modo alguno la política hipotecaria de los bancos, ya que el amplio consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la ley implica que entrará en vigor tarde o temprano en unos términos muy parecidos a los que ya se aprobaron en la Cámara Baja, según explican desde el sector financiero.
Entre las novedades principales del texto destaca el refuerzo de la transparencia en la comercialización de hipotecas y el papel de los notarios, así como las rebajas en las comisiones por reembolso anticipado o el impulso de los contratos a tipo fijo. Además, se establece que el banco deberá hacerse cargo todos los gastos derivados de la constitución del préstamo a excepción del de tasación y se eleva hasta un mínimo de doce cuotas el número de impagos que necesitan las entidades para ejecutar una hipoteca, proceso que eventualmente termina en un desahucio.
Una vez anunciados estos cambios, y tras la decisión del Gobierno de atribuir el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a los prestamistas, algunos de los principales bancos del país, como Santander y BBVA, han encarecido sus préstamos para adaptar su política de precios a la nueva realidad del mercado. A cambio, muchas de estas entidades asumen ya todos los gastos hipotecarios.
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