El Partido Popular abre la puerta para acabar con 2.000 aforados políticos

El Gobierno está dispuesto a negociar el fin de los aforamientos políticos. Así lo reconocen fuentes de Moncloa que valoran como positivo que se abra un debate entre las diferentes formaciones parlamentarias para acabar con este privilegio del que gozan todos los cargos electos a nivel nacional y autonómico y que implica que, en caso de que sean juzgados, lo haga un tribunal distinto al del resto de los ciudadanos.

En España hay en este momento unos 2.000 aforados políticos, 600 de ellos a nivel nacional. El Presidente del Gobierno y sus ministros, los presidentes autonómicos y sus ejecutivos, los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos son todos aforados. En caso de procesamiento de los miembros del Gobierno central y del Congreso y Senado, su caso sería enviado directamente al Tribunal Supremo. Los miembros de las administraciones autonómicas, en cambio, serían juzgados por el respectivo Tribunal Superior de Justicia, tal y como recogen los respectivos Estatutos.

Suprimir los aforamientos políticos exigiría una reforma exprés de la Constitución, similar a la que se realizó en 2011 para modificar el artículo 135 relativo al déficit. En este caso sería necesario cambiar los artículos 71 y 102 de la Carta Magna, por lo que el PP debería buscar un acuerdo con varias formaciones parlamentarias. El fin de los aforamientos de los miembros del Gobierno y parlamentos autonómicos necesitaría, además, la reforma de los diferentes Estatutos, por lo que en el pacto deben entrar, al menos, PSOE y Ciudadanos.

Para eliminar estos aforamientos políticos, el Gobierno cuenta con el apoyo de Ciudadanos. El partido naranja exigió en el pacto de investidura para hacer presidente a Rajoy que se incluyera un acuerdo para suprimirlos. En concreto, en el punto 94 se puede leer: "Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos". Ambos partidos, por tanto, se comprometieron a ello. Incluso los de Rivera pidieron en público que esta modificación constitucional se hiciera durante el primer trimestre de año, cuestión que Rajoy enfrió apelando a un consenso mayor. No hay que olvidar, además, que el PP llevaba en su programa electoral un compromiso para reducir el número de aforamientos.

En el acuerdo sobre quiénes son aforados y quiénes no sería necesario incluir sí o sí al PSOE. Los socialistas gobiernan en varias comunidades autónomas por lo que su concurso es imprescindible para no crear un agravio comparativo entre regiones. Lo que no quiere el PP es que unas comunidades eliminen los aforamientos y que otras no lo hagan. Los populares también tienen dudas sobre si el aforamiento debe eliminarse de manera total o solo parcialmente para aquellos delitos relacionados con el ejercicio de las responsabilidades de los cargos públicos.

En la negociación que se abrirá en próximas semanas el PP también planteará la problemática de que eliminar el aforamiento de manera total para los cargos electos podría suponer una oleada de denuncias contra ellos. El partido en el Gobierno quiere evitar esta situación, por lo que no es descartable que la propuesta gire en torno a mantener el aforamiento para los delitos que no estén relacionados con la actividad pública.

En España no solo hay políticos aforados. La cifra total es de 250.000, siendo la inmensa mayoría de ellos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (230.000). Son también aforados los cinco miembros de la Familia Real y, además, más de 15.000 profesionales pertenecientes a la judicatura: hay 5.171 jueces aforados, 2.407 fiscales y 7.685 jueces de paz, según las cifras que facilitó el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en su última comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso.

De estos funcionarios destacan como aforados el presidente del Tribunal Supremo y sus magistrados, los miembros del CGPJ, el presidente del Tribunal Constitucional y sus magistrados, el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, el Fiscal General del Estado y los fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

Las cifras españolas en cuanto a aforados contrastan con las de los países de nuestro entorno. En Alemania, por ejemplo, no hay ninguno y así un presidente, Christian Wulff, pudo sentarse en el banquillo . En Francia solo gozan de este privilegio el presidente de la República, el primer ministro y sus Gobierno.