Los investigadores del caso Tándem pusieron en marcha una operación policial el pasado viernes que terminó con la detención de cinco personas, entre ellas Gemma Alcalá, mujer del comisario José Manuel Villarejo. En el operativo, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción, los agentes llevaron a cabo registros en el domicilio familiar que el agente tiene en Boadilla del Monte así como en la celda de la prisión de Estremera en la que cumple prisión provisional desde principios de noviembre de 2017. En este último lugar, la Unidad de Asuntos Internos encontró documentación oficial propia de la función que prestó durante sus años en activo para la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
Los detenidos en el operativo fueron preguntados por estos hechos en su declaración ante el magistrado Manuel García Castellon, según confirman a este diario fuentes jurídicas. Todos ellos pasaron a disposición judicial este lunes tras su detención el viernes de la semana pasada. Se les acusa de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, revelación y violación de secretos por integrar presuntamente una red para la compraventa de documentos oficiales. Entre ellos se incluía material de operaciones como el caso Gürtel, la operación Cataluña contra el independentismo catalán o documentos oficiales de la Policía para la que trabajó Villarejo hasta su jubilación en agosto de 2016.
La investigación, que permanece bajo secreto de sumario, se sigue en el marco de la pieza 28 del caso Tándem, en la que se investigan los encargos privados de espionaje que gestionó el comisario desde su entramado empresarial. De hecho, Villarejo fue el quinto detenido en la operación del viernes si bien al estar en prisión provisional simplemente se le hizo una comunicación formal. El resto de los implicados son el abogado Alfonso Pazos, su mujer Ascensión Fernández y Javier Ruiz. Tanto Pazos como Ruiz coincidieron con el agente encubierto al ser ingresados en su mismo módulo. En este contexto habrían puesto en marcha una presunta red de venta de material confidencial y de extorsión a cambio de grandes sumas de dinero.
Alcalá se desliga de su marido
Tras escucharles en sede judicial, el instructor dejó en libertad con medidas cautelares a todos ellos a excepción de Pazos, para quien acordó prisión incondicional. Este militar que ejerce como abogado ya se encontraba en la prisión de Logroño cumpliendo condena por un asunto anterior. De este modo, tres de los imputados en esta nueva pieza abandonaron por su propio pie las dependencias de la Audiencia Nacional en la tarde del viernes aunque todos los ojos estaban puestos en la mujer del comisario jubilado. La Fiscalía Anticorrupción había pedido cárcel para ella por riesgo de fuga al estar implicada también en dos piezas del caso Tándem. El magistrado la procesó por participar presuntamente en los espionajes encargados por el despacho Herrero y Asociados así como por una rama del clan García Cereceda. De hecho, la Fiscalía pide para ella 50 años de cárcel por el primer encargo (Iron) y 36 por el segundo, conocido como Land.
Como ya hiciera en sus escritos de defensa a la Audiencia Nacional, en su comparecencia ante el juez tras su detención negó cualquier implicación en el entramado que habría auspiciado su marido desde prisión. Alcalá, que también será juzgada por su implicación en una de las piezas del caso del pequeño Nicolás, siempre se ha desvinculado de los negocios de Villarejo asegurando que se le acusaba por ser su pareja y nada más. En esta ocasión de nuevo se desligó de la red en la que Villarejo y Pazos serían los cabecillas. Las fuentes consultadas por este diario explican que Pazos habría actuado como intermediario de los designios del comisario y terceros. De este modo, habrían tratado de contactar no solo con imputados en otros procedimientos penales sino también de esta misma causa.
Según las fuentes consultadas, Pazos se acercó a implicados del caso Tándem (que cuenta como protagonistas a grandes empresas del Ibex, bancos y despachos de abogados) para ofrecerles información relevante de la causa a cambio de importantes cantidades de dinero y de que Villarejo no les señalara en sus comparecencias judiciales. En lo que a Alcalá respecta cabe destacar que, además de su procesamiento en dos pieza de la macrocausa, también aparece en otras investigaciones como la relativa a los encargos de Iberdrola. Fue Florentino Pérez, presunto perjudicado de los negocios de Villarejo, el que explicó en sede judicial que trataron de extorsionarle desde un medio de comunicación amenazándole con material de Villarejo que le implicaría de lleno. Para evitar su publicación le pidieron un millón de euros, según reveló, al tiempo que explicó que fueron dos periodistas los que le advirtieron que Gemma Alcalá había vendido el material a dicho medio.
Operación contra el fiscal del caso
A diferencia de entonces, en esta ocasión Alcalá ha negado cualquier implicación en unos hechos en los que el propio Villarejo ha intentado mantenerlas al margen. De hecho, según fuentes de la investigación, figura en el sumario de la causa una conversación que habrían mantenido Pazos y Javier Ruiz en la que se hacía alusión a que Villarejo quería que su segunda esposa quedara al margen de cualquier entramado urdido desde prisión. A todo ello hay que añadir una nueva vía de investigación en esta pieza secreta que consiste en esclarecer si la periodista canaria María Montero habría recurrido al comisario en prisión para obtener documentación clave con la que actuar en los tribunales contra uno de los fiscales del caso. Montero, que niega cualquier vínculo con el policía, pidió a la Fiscalía que investigara la presunta relación entre Ignacio Stampa con la abogada Marta Flor, la cual devino falsa. El objetivo de Villarejo en este caso sería impulsar una campaña negativa contra su persona para así lograr que le aparten del caso.
Villarejo, que siempre ha mantenido que la Policía conocía de primera mano sus negocios privados y que incluso se apoyó en ellos para algunas investigaciones, ha seguido muy de cerca el avance de la causa desde prisión y ha tomado notas de su desarrollo en todo momento. De este modo, son muchas las ocasiones en las que ha pedido acceder al material que obra en el sumario relativo a la operación Cataluña. Se trata de pagos a confidentes desde los fondos reservados del Estado y de otras documentaciones que están protegidas por la Ley de Secretos Oficiales y que le incautaron en el registro a su domicilio familiar de Boadilla del Monte, el mismo al que los agentes volvieron a acudir este viernes. Villarejo quiere acceder al material e incluso declarar en sede judicial por los pormenores de la operación contra el independentismo catalán. Sin embargo el juez ha apartado todos estos documentos de la causa al no guardar relación con la misma.
Ahora los investigadores tratan de dilucidar en esta pieza 28 el trato que quiso dar el comisario a todo este material confidencial y si realmente utilizó de intermediario a Pazos para hacérselo llegar a los implicados del caso Pujol o Gürtel. En lo que respecta a este último y de acuerdo con fuentes del mismo consultadas por este diario, no es la primera vez que se habla de ofertas para vender material del sumario. Se sospecha que el entorno de Villarejo ya contactó con implicados en la causa para ofrecerles información policial clave que podrían utilizar en su beneficio para litigar en el caso. El objetivo sería conseguir liquidez teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional tomó el control de parte del entramado societario desde el que gestionó su fortuna cercana a los 20 millones de euros solo en España.
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