Los agentes, ante las dudas de Simón por el virus: "Son un riesgo para la sociedad"

La Guardia Civil no solo está analizando el nivel de conocimiento que tenía la Delegacion del Gobierno acerca del peligro del coronavirus sino que su investigación alcanza igualmente a miembros del Ejecutivo central. Tal es así que en su atestado remitido a la causa que investiga si se cometió prevaricación autorizando la marcha del 8-M, asegura que las dudas de Fernando Simón en febrero acerca de la procedencia del virus y de cómo éste había entrado en España generaron mucha incertidumbre e implicaron un "riesgo para toda la comunidad". 

La Policía Judicial al frente del caso sostiene que el Ejecutivo central sabía del peligro de la Covid-19 desde enero de este año y, por ende, en la Delegación de Gobierno también estaba alertada del mismo. Al respecto, incluye en el informe de la operación que han bautizado como 'Sanitario' un conjunto de declaraciones que efectuó el propio director del Centro de Coordinación de Alertas el 27 de febrero en las que dijo que desconocían cómo se había podido infectar un paciente en Andalucía y que eso en sí ya era un riesgo. Para los agentes estas confesiones "ponen de manifiesto lo incontrolable del virus".

La Policía Judicial se hace eco igualmente de los 'tweets' que se publicaron desde la cuenta de la Delegación del Gobierno los días que están bajo la lupa de esta investigación penal para reafirmar su tesis acerca de que eran conocedores del riesgo real que implicaba dar luz verde al total de 130 marchas que se autorizaron entre el 5 de marzo y 14 de ese mes. De hecho, resaltan uno en concreto que recoge las recomendaciones expresas del Ministerio de Sanidad acerca de que se iban a celebrar a puerta cerrada las competiciones deportivas del país para evitar contagios. 

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Los agentes, adscritos a la unidad controlada por el hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, sostienen que el Ejecutivo central negó riesgos en la participación de la marcha del 8-M y, sin embargo, prohibió un congreso evangelista que se iba a celebrar en Madrid a mediados de marzo. Según sostienen, estos hechos demostrarían que conocían el peligro de una marcha que se analizó ya en febrero entre los promotores 'Comisión del 8-M' y la Delegación del Gobierno. Entonces, y según obra en el atestado, los organizadores de la marcha por el Día Internacional de la Mujer estimaron que participaría cerca de un millón de personas y así se lo hicieron saber a la Delegación de Gobierno, si bien luego la afluencia fue de 120.000.

Aunque el Gobierno central no vio peligro en este acto, sí fue más tajante con la Federación de Asambleas de Dios en España (FADE). La iglesia evangelista iba a celebrar en España su IX Congreso Mundial los días 19, 20 y 21 de marzo, sin embargo el Ejecutivo central les emplazó a una reunión el día 5 de ese mes en la que participó el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. Un día después se convino por parte de Simón que ese acto, en el que se esperaba la afluencia de unas 8.000 personas, no se podía celebrar "bajo ningún concepto". Así se lo hicieron saber a los responsables de este atestado los miembros de la Federación que participaron en estos encuentros. 

En concreto, Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid explicó a la Guardia Civil que vio a los miembros del Gobierno especialmente preocupados por este asunto, motivo por el cual accedió finalmente a suspender el acto aunque, eso sí, con el compromiso previo de Fernando Simón de que le daría un documento oficial en el que constara la suspensión por motivos sanitarios. "Las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo Evangélico y el nivel directivo de los responsables que asisten a las reuniones, indica sin lugar a dudas la preocupación de éstos frente a la pandemia", reza el atestado.