Dos de los acusados de Alsasua se desvinculan de la agresión en el bar

Este lunes ha comenzado el juicio contra los ocho acusados de propinar una brutal paliza a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016. El proceso arranca envuelto en polémica por la acusación de terrorismo que pesa sobre los agresores, para quienes el fiscal pide entre 12 y 62 años de cárcel, a razón de 50 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas, 12 años y medio por cada uno. A Ohian Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra él hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Los siete principales acusados son Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (los tres en prisión provisional), Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad. 

Unamuno ha afirmado hoy ante el tribunal que cuando entró en el bar se enfadó con los agentes porque le habían puesto cuatro multas. "Yo no golpeé a nadie", ha seguido declarando Unamuno, que solo ha accedido a responder a su abogada, para negar que la discusión que tuvo dentro del bar con los agentes fuera violenta. Él, ha dicho, se quedó dentro del bar y no vio la agresión que tuvo lugar en la calle, donde los guardias civiles y sus parejas resultaron heridos y donde lo sitúan algunos testigos.

Otro de los acusados, Adur Ramírez, ha afirmado hoy en el juicio que no estuvo en "toda la noche" en el bar Koxka ya que se fue a casa antes. Ramírez se ha negado a contestar a la Fiscalía y la acusación, pero sí lo ha hecho a su abogada, a quien ha relatado que él no estuvo en el bar sobre las 5 de la mañana, cuando ocurrieron los hechos, ya que sobre las 2 o 2 y media de la mañana se marchó a casa tras ver un partido de pelota.

Ha negado que perteneciera a ningún movimiento radical, aunque sí ha reconocido que fue él quién pidió permiso al Ayuntamiento de Alsasua, porque tenía alguna experiencia en ello, para la organización del Ospa Eguna (día de la huida) de 2016, que forma parte de las campañas de la izquierda radical abertzale para reclamar la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

El 'caso Alsasua', denunciado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), correspondió a la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Navarra, que no veía delito terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

Está previsto que el martes testifiquen los guardias y sus parejas, que estarán asistidos por la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, y la asistente social del Ministerio del Interior que les ha atendido desde que se produjo la agresión.

La Fiscalía encuadra la actuación de los acusados, vinculados al colectivo Ospa! (fuera), en las campañas Alde Hemendik (Fuera de aquí), creadas por el entorno de ETA y que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".

Este sábado, a dos días del juicio, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona respaldaron en la capital foral a los acusados con una manifestación de protesta a la que acudieron 38.000 personas, según la Policía Municipal, y más de 50.000, según la organización.

Los familiares de los acusados, que encabezaban la manifestación con una pancarta con el lema "Justicia. No es terrorismo", aseguran que no piden impunidad sino que exigen Justicia ante "la exageración, la distorsión y la desproporción", ya que consideran que lo ocurrido debía haberse tratado como una pelea de bar y no como terrorismo.