El Gobierno ha entrado en ebullición tras amarrar sus primeros Presupuestos Generales. Seis son las tensiones que ponen a prueba las costuras de una coalición que no termina de ponerse de acuerdo en varios decretos y normas en cartera. La última disputa interna tiene que ver con el veto a cortar suministros básicos, una medida que se levantó el pasado 30 de septiembre y que se sigue negociando en el seno del Ejecutivo. Desde entonces, y según datos de la Asociación de empresas de energía eléctrica (Aelec), se ha procedido a ejecutar 15.000 cortes de luz, agua y gas por impagos de los clientes. 30.000 cortes durante octubre y noviembre, en plena pandemia. La batalla entre ministerios está latente y se evidencia en cada reunión que mantienen los representantes de PSOE y Unidas Podemos.
Son dos concepciones diferentes de abordar la solución. La Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apuesta por una mejora en el bono social térmico-energético que consiste en una subida del IPREM (el indicador clave para optar a ayudas públicas y que mejorará una vez entren en vigor los nuevos PGE), ampliar los plazos de preaviso a consumidores vulnerables de cuatro a seis meses y poner en marcha la figura del "mediador energético" para que sean comunidades autónomas y ayuntamientos quienes colaboren en la percepción de las ayudas. Medidas, todas ellas, insuficientes para la parte morada del Gobierno que exige retomar la prohibición total del corte de suministros que estuvo vigente entre mayo y septiembre.
Hay que recordar que la ministra portavoz, María Jesús Montero, llegó a decir tras el último Consejo de Ministros de ese mes que sí se mantenía la prohibición de cortar luz, agua y gas, algo que a la vista de los datos que aporta la patronal no se ha cumplido. La cifra de 15.000 cortes de suministros básicos al mes en octubre y noviembre es, eso sí, sensiblemente inferior a la que se registraba antes de la pandemia, cuando se producían una media de unas 40.000 interrupciones cada mes. Las amenazas de cortes de suministros, por tanto, siguen llegando a los consumidores que no pueden pagar los recibos y las interrupciones son diarias. En las últimas horas, por ejemplo, un vecino de Leganés sufrió el corte de gas en su domicilio al no poder hacer frente al pago de la factura. La intermediación de los colectivos sociales ha conseguido que la compañía vuelva a reconectar el suministro.
Para Unidas Podemos resulta una necesidad que esa cifra baje a cero durante el actual estado de alarma, hasta mayo. "No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos y que se estén produciendo cortes de suministros", lamentan fuentes moradas, que llevan insistiendo a la Vicepresidenta cuarta desde septiembre en aprobar esta medida. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) también denuncian que "el Gobierno no puede permitir que en este contexto de pandemia mundial se produzcan cortes de suministro. Cualquier medida que no pase por garantizar los suministros básicos a todas las familias vulnerables será totalmente insuficiente".
La vicepresidenta cuarta Teresa Ribera enfriaba la aprobación de estas medidas unas semanas más y situaba el momento "a principios de año". En Transición Ecológica tampoco concretan si lo que será a través de un nuevo decreto en Consejo de Ministros o una figura legal diferente. La ministra Montero ya apuntó en su día que incluso había posibilidad de incluir el veto al corte de suministros en el decreto antidesahucios que también se encuentra en plena discusión. Según Ribera, en la última semana de noviembre, coincidiendo con la ola de frío en el país, el ministerio recibió 3.000 solicitudes de bono social. Hay 1,2 millones de beneficiario.
E la última semana de noviembre, coincidiendo con la ola de frío, el ministerio recibió 3.000 solicitudes de bono social. Hay 1,2 millones de beneficiarios en total.
Unidas Podemos también ha puesto sobre la mesa el principio de precaución para que los cortes de suministros no se efectúen sobre personas vulnerables. Esta medida obligaría a las compañías energéticas a recibir un informe de los servicios sociales ante casos de impago del suministros. Transición Ecológica no contempla incorporar este mecanismo a la normativa en marcha. El equipo de Ribera trabaja, asimismo, para ampliar el actual bono térmico-energético al suministro de agua y poner en marcha el llamado "bono multicombustible".
Hasta seis brechas abiertas en el Consejo de Ministros
Seis son los puntos de fricción que tensan la coalición en este momento. A la prohibición del corte de suministros hay que añadir la complicada negociación para vetar los desahucios, que aún no está resuelta. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han planteado que el Estado compense económicamente a propietarios de viviendas por los impagos del alquiler o las okupaciones, pero Unidas Podemos no quiere indemnizar a bancos y fondos de inversión. El decreto se va a retrasar una semana más, hasta el día 22 de diciembre.
Otro punto de fricción importante tiene que ver con la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2021. Calviño, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y José Luis Escriva, de Seguridad Social, plantean una congelación pero UP, con Yolanda Díaz, responsable de Trabajo, al frente, proponen una mejora testimonial parecida a la que percibirán los funcionarios, del 0,9%. En la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la pasada semana saltaron chispas. Situación muy similar hay con los avances para derogar la reforma laboral.
También hay tensión en el Gobierno por el plan de ayudas a la hostelería y el turismo que sigue sin llegar a Consejo de Ministros. Aquí los protagonistas son la ministra de Industria, Reyes Maroto, que viene lleva peleando semanas por llevarlo al cónclave en Moncloa, y Calviño, que quiere identificar las necesidades ante el incremento del gasto que supondrá. La sexta disputa atañe a un documento que ha presentado Escrivá, de la mano de Moncloa, y que plantea ampliar a 35 el número de años para calcular la pensión. Los morados no quieren oír ni hablar de una medida así y más en vísperas que haber alumbrado un acuerdo en el Pacto de Toledo.
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