Aguayo: Consejería de Empleo era la competente para atender a la Intervención

Sevilla, 29 ago.- La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado hoy que la Consejería de Empleo y no la de Hacienda era la competente para solventar las "deficiencias" detectadas por la Intervención General de la Junta en la tramitación de las ayudas a través del Instituto de Fomento.

En su comparecencia en el Parlamento andaluz ante la comisión que investiga las irregularidades en los ERE, Aguayo se ha basado en la comparecencia del interventor general de la Junta entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, quien, según la consejera, ayer dijo que "Hacienda no tenía obligación de hacer nada" ante los informes que alertaban de "deficiencias administrativas y controversias contables".

Ha admitido que puede "comprender la insatisfacción de la Intervención sobre la eficacia en el sistema de control", pero ha garantizado que, "si se hubiera detectado fraude o menoscabo de fondos públicos, se hubiera instado una actuación con la misma contundencia que ha actuado la Junta cuando se han conocido los hechos".

Ha reiterado que no remitió el citado informe de la Intervención relativo al procedimiento de tramitación y concesión de las ayudas a empresas en crisis al entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán porque "no tenemos competencia, ni hemos sido requeridos para ninguna actuación".

Solo en el caso de que la Intervención General plantee una actuación expresa del titular de Hacienda o del viceconsejero tienen facultades para hacerlo y ésta se ciñe a someter las discrepancias al Consejo de Gobierno, pero en el caso investigado la Consejería de Hacienda no recibió dicho requerimiento y, si fue así, Aguayo supone que sería porque el interventor se dio por satisfecho con las mejoras propuestas por Empleo.

Aguayo, que fue viceconsejera de Economía y Hacienda de 2004 a 2009 en la etapa de consejero del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido la legalidad del procedimiento de la partida 31L -que el ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero bautizó como 'fondo de reptiles'- la transparencia y el control.

El diputado del PP Rafael Carmona ha acusado a Aguayo de recurrir al mismo argumento de otros comparecientes de que "nadie tiene competencia en nada" y ha ironizado que "o sufre amnesia o falta a la verdad" porque como miembro del consejo rector del IFA -organismo pagador- tiene competencias en su aprobación, ha alegado.

La consejera ha replicado que el interventor no calificó de "ilegal" el procedimiento utilizado ni el marco de financiación, y ha negado que la Junta "haya pretendido montar un procedimiento para hurtar, robar o malversar y 6.000 trabajadores lo atestiguan".

Carmona ha reprochado a la consejera que hubiera actuado para aumentar la dotación de la partida 31L, y "sabían porqué se producían los desfases", y no lo hicieron para cambiar los procedimientos "ilegales" de tramitación de las ayudas.

La diputada de IU Alba Doblas ha denunciado que "saltaron las alarmas y nadie hizo nada y, si no llega a salir la denuncia de Mercasevilla por extorsión -a unos empresarios-, aquí nadie sabe nada y Guerrero se embolsaría más dinero cada mes si hubiera querido".

La diputada del PSOE Antonia Moro ha sacado a relucir un informe del Tribunal de Cuentas sobre convenios de colaboración del Imserso y otros organismos estatales en el que se pone de manifiesto que no se ajustaban a la legislación vigente, algo que motivó la queja del PP pero que no fue aceptada por la presidencia.