Aguirre "ideó" y fue "esencial" para la financiación irregular del PP madrileño

  • El juez del caso Púnica dice que fue la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza en las campañas de 2007 y 2011.
Esperanza Aguirre
Esperanza Aguirre
EFE

Esperanza Aguirre no solo estaba al corriente de una financiación irregular dentro de su partido sino que jugó un papel "esencial y decisivo" en este presunto sistema de desvío de fondos desde Fundescam a la formación popular para costear las campañas de 2007 y 2011 en las que concurrió a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Así lo determina el magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, el cual justifica la imputación de la exmandataria afirmando que ideó esta búsqueda de recursos para financiar los procesos electorales.

"La investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus Consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid", reza el auto del juez. De acuerdo con el mismo, el PP madrileño se financió de forma "opaca y fraudulenta" no solo esos comicios sino también los de 2008 en los que Mariano Rajoy se postuló como candidato a la presidencia del Gobierno.

De este modo otorga a Aguirre la misma responsabilidad que ostentan el presunto cabecilla de esta trama Francisco Granados; el también expresidente regional Ignacio González y el exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, todos ellos imputados en el marco de esta pieza novena de la causa Púnica. Al respecto, el instructor, que ha citado a Aguirre para el próximo 18 de octubre, determina que la exmandataria era consciente de esa contabilidad 'b' que controlaba Beltrán Gutiérrez al margen de la oficial y que se ocultó al Tribunal de Cuentas. 

Campañas al margen de la Ley

Igualmente, el instructor precisa que los dirigentes de las campañas electorales de dichos ejercicios encargaron a determinados empresarios, a los que define como sus "proveedores electorales de máxima confianza", el diseño y organización de unas campañas cuyo coste superaba el acotado por la Ley a tenor de "su dimensión escénica y derroche de medios". Para ello se valieron principalmente de Fundescam, fundación controlada directamente por el Gobierno regional, y la cual estaba bajo la supervisión de Aguirre en el momento de los hechos.

Precisamente, el instructor de una de las causas más complejas y antiguas que se siguen en la Audiencia Nacional hace especial hincapié en que esta caja 'b' de la que se ha desvinculado en todo momento la también expresidenta del PP madrileño, recogía no solo los pagos de los donantes sino también la contratación de publicidad exterior y en prensa y radio. Al respecto detalla que en las cuentas bancarias del partido estaban autorizados Beltrán Gutiérrez, Granados y la propia Aguirre. "Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la presidenta", insiste el auto del juez.

Licitaciones; las contrapartidas a los empresarios

En contrapartida a las donaciones, el PP madrileño "gratificó" las colaboraciones desde la administración regional y entidades públicas adscritas a la misma. Tanto es así que premiaron a los empresarios con adjudicaciones que se licitaron en fechas cercanas en el tiempo de prestación del servicio electoral o realización de la donación para la campaña electoral. Al respecto el juez determina que dichas actuaciones  "transgredieron el espíritu de la legislación electoral" y fueron el motivo de una "dinámica indiciaria de malversaciones, cohechos y falsedades continuadas". 

Entre los empresarios que participaron en esta trama y que figuran como investigados destacan Ricardo Vázquez (el cual organizó los actos relativos a los meses de abril y mayo de 2011), Francisco Iliana (Friends Grupo Técnicas del Espectáculo S.L); Francisco Lobatón (Krea Producciones Artísticas); y Óscar Sánchez Moyano, administrador del entramado societario utilizado para las campañas de 2007 y 2008. Todos ellos acordaron encubrir parte de los costes de la campaña mediante facturas que recogían "conceptos irreales" y fechas ficticias. Es más, algunas de las facturas emitidas a nombre del PP madrileño pretendieron crear una especie de "provisión de fondos", como lo define el juez, intentando así generar un saldo positivo a favor de la formación.

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