Viernes, 22.03.2019 - 10:16 h
Considera que es una diligencia "prematura"

Aguirre y el PP se libran de su imputación hasta el fin de la investigación de la caja B

El juez declina acceder a la petición de la acusación a la espera de concluir las pesquisas sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño

Aguirre
El juez investiga las campañas electorales de 2007 y 2011 de Esperanza Aguirre / EFE

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el Partido Popular no serán imputados en el caso Púnica, al menos por el momento. El juez al frente de esta investigación ha descartado la petición formulada por la acusación popular como ya hiciera en anteriores ocasiones; sin embargo, esta vez no lo rechaza de plano sino que matiza que se trata de una diligencia "prematura".

Lo que pretende el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es esperar a que finalice la investigación que se sigue en el marco de la pieza 14 de esta macrocausa, relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño y, en concreto, de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. De ahí que en su auto, al que ha tenido acceso este diario, exponga que es necesario aguardar puesto que, por el momento, esta pata de la instrucción "no se encuentra delimitada ni formada procesalmente".

 Esta negativa a la petición registrada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida se suma a los reiterados rechazos pronunciados en este juzgado desde que comenzara la instrucción de la causa en el año 2014. Sin embargo, la diferencia en esta ocasión reside en la argumentación del magistrado para denegar la diligencia; pues mientras en otras ocasiones se ha calificado la pretensión de "innecesaria", esta vez el instructor no es tan tajante en su respuesta y prefiere estudiar las conclusiones de las pesquisas que lleva a cabo la Guardia Civil. 

Precisamente, en el marco de las mismas, el magistrado acordó esta semana la adopción de una serie de diligencias que pasan por obtener información tributaria y bancaria de una serie de sociedades implicadas en la red de corrupción. Además, pone el foco en los empresarios Juan Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez imputados en la causa por sus vínculos con Swat, una agencia de publicidad que habría participado en esta presunta financiación paralela.

García Castellón ordenó además, con el visto bueno de Anticorrupción, que cinco entidades bancarias (Banca March, Banco Popular, Caixabank, Bankinter y Banco Santander) ofrecieran información detallada de unos determinados depósitos así como los movimientos registrados registrados en estas cuentas entre enero de 2010 y diciembre de 2014. En su auto, el instructor pidió también las relaciones comerciales de Indra con el entramado de empresas implicadas en la trama de la que es cabecilla es Francisco Granados.

Entre este conglomerado se encuentran Edico y Madiva, dos de las sociedades desde las cuáles su administrador, el informático Alejandro de Pedro, recibía los cobros por los trabajos de reputación 'oline' a diversos líderes políticos de ese Ejecutivo. Además, desde Indra también salieron, según los investigadores, numerosos pagos camuflados con facturas falsas para estas empresas las cuales participaron en esa presunta financiación opaca del PP regional.

Estas nuevas líneas de investigación abiertas por la UCO llevaron a las fiscales del caso a pedir una nueva prórroga de la instrucción de un máximo de cinco años. El juez accedió parcialmente a este reclamo aunque puso fecha límite: marzo de 2022. De esta manera, la trama que explotó en determinados municipios madrileños -con epicentro en Valdemoro- por irregularidades en adjudicaciones ha acabado afectando a la formación popular regional y al gobierno de aquel momento, aunque no hay imputaciones formales contra ninguno de los presidentes al frente del mismo; esto es, contra Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. 

Y ello pese a que Granados lo ha solicitado en diversos escritos a lo largo de estos últimos años y que fueron resueltos con una negativa como respuesta tanto por el juez que comenzó instruyendo la causa, Eloy Velasco, como por su sucesor, Manuel García Castellón. En esas ocasiones los jueces emplazaron a volver a solicitar las diligencias ya durante el juicio; sin embargo, en esta última respuesta, el juez se limita a decir que es "prematura" y pide tiempo para avanzar en la investigación; por lo que habrá que esperar para conocer su decisión definitiva en la causa.

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