Jueves, 12.12.2019 - 17:14 h
El que fuera número 3 de Cristina Cifuentes

Aguirre abre otro frente en Púnica: señala a Taboada por los contratos de Arpegio

La expresidenta insiste en que el exconsejero estaba detrás de las licitaciones del ente público, implicado en la caja 'b' de la formación regional.

esperanza aguirre
Esperanza Aguirre se desvinculó por completo de la caja 'b'. / EFE.

Esperanza Aguirre tenía muy claro cómo enfocar su interrogatorio en la Audiencia Nacional. Consciente de que está en el punto de mira por su presunta participación en reuniones en las que se habría cocinado una financiación paralela en el PP madrileño, Aguirre no solo se desligó de todas esas acusaciones sino que además repartió responsabilidades en diversas figuras muy vinculadas al partido entonces, como es el caso de Jaime González Taboada, el que fuera número 3 de Cristina Cifuentes. De hecho, sacó a relucir su nombre en todas las ocasiones en las que fue preguntada por las adjudicaciones del ente público Arpegio. 

La exlíder del PP madrileño quería marcar la diferencia en esta segunda citación judicial (la primera se produjo en el caso Gürtel en el que compareció en calidad de testigo) y, prueba de ello, es que logró desmarcarse del resto de imputados en el caso Púnica antes incluso de empezar a responder las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto es así que Aguirre optó por no sentarse en el sitio otorgado para los investigados, privilegio del que puede hacer uso en su condición de abogada. 

Una vez en entrados en materia, la expresidenta regional protagonizó un auténtico rifirrafe con las fiscales Anticorrupción al frente del caso en muchos momentos puntuales de un interrogatorio que se prolongó tres horas y medias. Ello derivó en que se hiciera necesaria la intervención del magistrado al frente de la investigación, Manuel García Castellón, el cual llegó a advertir que no estaban en una "selva", según las fuentes consultadas que explican que ya fue casi al término del mismo cuando salió a relucir uno de los asuntos troncales de esta macrocausa: las adjudicaciones presuntamente irregulares de entes públicos como Arpegio controlados por el Gobierno regional que presidió entre los años 2003 y 2012. 

De este modo, a preguntas de las representantes del Ministerio Fiscal, Aguirre delegó responsabilidades en Jaime González Taboada, exconsejero de Medio Ambiente y actual presidente del partido en el distrito de Chamberí. La exlíder popular explicó que todos los asuntos relacionados con las licitaciones de Arpegio estaban en manos de Taboada, el cual integraba la empresa pública que dependía de la Consejería de Presidencia y que recibió importantes inyecciones de dinero público puesto de la misma salían también las partidas para el plan Prisma. De hecho, según la Fiscalía Anticorrupción, solo en los órganos de Arpegio y Mintra la Comunidad de Madrid  inyectó cerca de 1.000 millones de euros para adjudicaciones de obra civil, campañas publicitarias y construcciones de parcelas.

Sobre todo esto, la exmandataria regional explicó que ella no tenía relación alguna con las adjudicaciones, de hecho negó conocer al presunto cerebro de la red, el constructor confeso David Marjaliza. Apuntó pues que simplemente acudía a las inauguraciones a poner la primera piedra en calidad de presidenta pero no se inmiscuía en las decisiones de licitación de estos entes, las cuáles habrían ido a parar a empresarios cercanos al partido en recompensa por haber financiado de manera irregular las campañas electorales de los años 2007, 2008 y 2011. Con todo, negó cualquier vinculación con el empresario Daniel Horacio Mercado y desmintió reuniones celebradas en Sol para delimitar esta presunta financiación opaca.

Citación mediática y preparada

A pesar de tratarse una imputación tardía (la causa lleva más de cinco años en instrucción y debe estar terminada en junio del próximo año), esta citación judicial no pilló por sorpresa a Aguirre. La exmandataria madrileña no solo delegó responsabilidades en lo que respecta al control de organismos públicos o de la fundación Fundescam, sino que también negó la existencia de esa presunta caja 'b' del PP regional. No obstante, también aseguró que ella no tuvo responsabilidades económicas, administrativas ni contractuales entre sus cometidos; más bien al contrario, el encargado de la financiación de la formación era el entonces gerente Beltán Gutiérrez, también imputado en el caso. 

Su grado de desconocimiento acerca de los procesos internos del Gobierno y del partido llevaron al magistrado García Castellón a preguntarle si su cargo era "figurativo únicamente". Pero Aguirre supo muy bien calibrar su grado de desconocimiento de determinados asuntos. Prueba de ello es que llegó a decir que estaba preocupada por la gestión de Francisco Granados y Jesús Trabada, exconsejero delegado de Mintra, en el ente público. A este respecto Aguirre sí tiró de la manta y apuntó que ella era muy austera y que no quería hacer muchas estaciones de metro; motivo por el cual le dijo al instructor que estaba un poco "mosca" con ellos. Apenas segundos después de pronunciar esta expresión dijo que la retiraba, lo que llevó al juez a advertirle que no podía retractarse porque el interrogatorio se estaba grabando. Una vez terminada la comparecencia atención a la prensa para apuntalar su tesis acerca de que su inocencia "prevalecerá".

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