Cuando el escándalo del máster de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes más arrecia. Con Ciudadanos pidiendo su dimisión y su sustitución por otro diputado al frente de la Comunidad de Madrid, sus dos inmediatos antecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, comparecen en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del partido de todos ellos, el Partido Popular.
Ambas comparecencias tienen interés, no solo por la presunta enemistad de los dos con la actual presidenta. Se producen, además, solo días después de que la exdirectora de comunicación de Esperanza Aguirre asegurara ante el juez que la Comunidad pagó a un imputado en Púnica a cambio de trabajos de reputación en internet.
En el actual escenario de declive político de Cifuentes, la declaración de González tiene un especial interés. Porque una de las denuncias que dieron lugar al caso Lezo, cuyo estallido supuso la detención y posterior encarcelamiento durante seis meses del expresidente, procedió precisamente del Gobierno encabezado por su sucesora. Fue su gabinete el que puso en conocimiento de la fiscalía la incomprensible compra de la empresa de aguas brasileña Emissao, cuyo precio se infló. Parte de los pagos que realizó por ella el Canal de Isabel II fueron a Suiza. La Comunidad pagó por ella 31 millones de dólares, pero según el Ejecutivo madrileño, la empresa solo valía 5,5 millones.
En el caso de Esperanza Aguirre, los diputados le podrán preguntar por las recientes revelaciones de su jefa de prensa, Isabel Gallego, en su declaración como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado 6 de abril en el caso Púnica. Gallego, que también fue directora de Medios de la Comunidad con González, aseguró que dos exconsejeros madrileños, Borja Sarasola y Salvador Victoria, pagaron fondos públicos a la empresa EICO, propiedad del también imputado Alejandro de Pedro para que este mejorara la imagen online de ambos priorizando las noticias que les interesaban por encima de las críticas. Esos pagos se habrían realizado supuestamente inflando contratos de la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid.
Pero, si en los últimos meses, ambos han mostrado discrepancias con Cifuentes, no son menores de las que tienen entre ellos. El pasado diciembre González señaló a Aguirre como la cabecilla de la presunta financiación irregular del PP en las autonómicas y municipales de 2007. Durante su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Púnica, afirmó que él solo fue el coordinador de la campaña mientras que Aguirre, como candidata a la presidencia, era la máxima responsable y llevaba todos los asuntos económicos con el entonces tesorero del PP de Madrid y también imputado Beltrán Gutiérrez. En su interrogatorio también culpó a la expresidenta de los contratos de reputación online pagados a De Pedro.
Aguirre se la devolvió a González el pasado 23 de marzo en la Comisión de Investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid. En su declaración, reconoció que el campo de golf en terrenos del Canal, otra de las operaciones que se investigan en el caso Lezo, había sido idea suya y que, por esa razón, decidió asumir “integramente la responsabilidad política” y dimitir.
También extendió esa responsabilidad política al nombramiento de Ignacio González, al que señaló como responsable de la posterior ejecución de la infraestructura deportiva situada en pleno centro de Madrid. “No supe a quién se lo adjudicaron, tampoco he sabido nada de las obras ni del coste”, afirmó. El juez García Castellón investiga si González favoreció a su hermano Pablo -también imputado- al concederle la gestión a su empresa Tecnoconcret.
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