AI denuncia torturas y persecución en Tailandia tras el golpe de Estado

Bangkok, 11 sep.- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy supuestas torturas, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos humanos en Tailandia cuando han pasado más de cien días desde el golpe de Estado.

En un comunicado, la ONG indicó que ha recibido denuncias "creíbles" de al menos 14 personas que fueron sometidas a maltrato y amenazas de muerte por parte de los militares, que declararon la ley marcial el pasado 20 de mayo y tomaron el poder dos días después.

AI recoge testimonios de supuestas víctimas, así como recomendaciones al Gobierno tailandés para respetar los derechos humanos en el informe "Ajuste de actitud: 100 días bajo la Ley Marcial", divulgado hoy.

Kritsuda Khunasen, una activista política, aseguró que fue sometida a palizas y a un simulacro de asfixia con una bolsa de plástico en los interrogatorios durante los 32 días que permaneció detenida sin cargos, más de los permitidos según la ley marcial.

"Si respondía demasiado lento, no hablaba, no respondía la pregunta de forma directa, me golpeaban con un puñetazo en la cara, el estómago y el cuerpo. Lo peor que experimenté fue cuando me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, ataron los extremos y me pusieron otra bolsa de tela en la cabeza. Me dejaron inconsciente y me reanimaron con un chorro de agua. Finalmente supe lo que es sentirse en constante miedo de morir", relató Kritsuda.

Amnistía Internacional también reveló que al menos 60 personas están siendo juzgadas en tribunales militares sin derecho a apelar por protestar contra la junta militar y que otros han sido perseguidos por manifestarse.

Tras la asonada, el Ejército detuvo a cerca de 600 personas, incluida la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, aunque la mayoría fueron puestos en libertad en los siguientes siete días, el límite marcado por la ley marcial.

Las autoridades también reprimieron varias manifestaciones en las que los estudiantes alzaban tres dedos como la película "Los juegos del hambre" o comían sandwiches como forma de protestas simbólicas.

"Me abofetearon y luego tuve que firmar que no había sido maltratado", indicó a AI uno de los estudiantes detenidos tras las protestas.

Richard Bennet, director de la ONG para Asia-Pacífico, afirmó que la junta militar tiene el deber de garantizar que nadie es sometido a "tortura u otras formas de maltrato" e instó a que se investigue de forma independiente las denuncias de supuestas víctimas.

"Tres meses después del golpe, nuestras investigaciones ilustran amplias violaciones de derechos humanos que continúan bajo el Gobierno militar", manifestó Bennet.

"Las autoridades tailandesas deberían poner fin a este alarmante modelo de represión, poner fin a las violaciones de derechos humanos, respetar las obligaciones internacionales con los derechos humanos y permitir un debate abierto y discusión, ya que son vitales para el futuro del país", añadió el responsable de AI.

En una respuesta por escrito, la junta militar afirmó que el informe de AI ha omitido "las causas de la imposición de la ley marcial" y opinó que el documento "no refleja el sentimiento de la mayoría de los Tailandeses que se sienten hoy mucho más seguros".

"Ha habido un progreso sostenido, Tailandia necesita este tiempo y espacio para consolidarse mientras insistimos en nuestros esfuerzos para construir una democracia genuina y sostenible", aseveraron las autoridades, según el portal Asian Correspondent.

Los militares tailandeses afirman que dieron el golpe de Estado para frenar la espiral de violencia tras cerca de siete meses de protestas antigubernamentales, en las que murieron 28 personas y cientos resultaron heridas.

El jefe de la junta militar, el general Prayuth Chan-ocha, se ha comprometido a celebrar elecciones en 2015 después de llevar a cabo reformas estructurales y acabar, según él, con la corrupción política.