La comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar un Plan Especial que regula los alojamientos turísticos al estilo de los Airbnb y que podría llegar a suponer -de aprobarse de forma definitiva en el pleno del próximo día 27 de marzo- el fin de este tipo de alojamientos en el centro de la capital. ¿Por qué? Este nuevo reglamento obligaría a todas aquellas viviendas que se utilicen para el alquiler turístico durante más de tres meses al año a tener una "licencia de uso terciario de hospedaje", es decir, la misma que necesitan las tradicionales pensiones.
Más allá de la obligatoriedad de este tipo de permisos, el consistorio de Manuela Carmena divide la ciudad en tres anillos. Según ellos mismos señalan, el primero coincide con los límites del distrito de Centro; el segundo anillo lo forman los barrios del resto del centro histórico, es decir, comprende el distrito de Chamberí completo y parte de los distritos de Chamartín, Salamanca, Retiro, Arganzuela y Moncloa-Aravaca; y el tercer anillo se corresponde con el conjunto de los barrios de la Almendra Central, a los que se suman otros de los distritos de Usera, Carabanchel y Latina.
Son precisamente en los dos primeros anillos, es decir, las zonas que tradicionalmente aglutinan más porcentaje de turismo, en las que además de la licencia, el consistorio exigirá que los nuevos alojamientos turísticos que compartan edificio con otras viviendas de uso residencial, deberán contar con un acceso independiente. Según confirma el propio Ayuntamiento de Madrid, los huéspedes de este tipo de apartamento "no podrán utilizar puertas de entrada, portales o ascensores comunes a las viviendas".
En el caso del tercer anillo, esta exigencia de acceso independiente se mantiene cuando el uso de hospedaje "pretenda implantarse en situaciones donde no estén permitidos otros usos terciarios", señalan desde el consistorio.
Ahora deberá ser el Pleno del Ayuntamiento el que el próximo día 27 de marzo apruebe de forma definitiva esta documentación. Desde el primer borrador y durante el periodo de información pública, diferentes colectivos han presentado hasta 600 alegaciones al proyecto, que se "han incluido en el plan, pero que no suponen cambios sustanciales en la propuesta", destacan.
De acuerdo con el propio Ayuntamiento, este Plan tiene un doble objetivo, por un lado, preservar el uso residencial del centro urbano, frenando la conversión de viviendas del centro en alojamientos temporales turísticos y, en segundo lugar, buscar que la actividad del hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad, redistribuyendo la actividad económica, a la vez que descargando la concentración del centro histórico.
Cambio de uso residencial a hotelero
Pero también se complican las cosas para las hoteleras que quieran modificar el uso de un edificio tradicionalmente residencial a uno de uso turístico. Según señala la documentación, "el nuevo plan prácticamente elimina la posibilidad de implantación directa, siendo necesario contar con un plan especial que estudie el impacto en el entorno y que debe ser aprobado previamente por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid y posteriormente por el Pleno municipal".
Si el edificio ya tiene un uso terciario, el Plan General vigente permite la implantación mediante licencia directa "en casi cualquier edificio", excepto en los inmuebles protegidos, que requerirán de la aprobación de un plan especial. Pero más difícil todavía: si se trata de un edificio protegido de uso residencial, "el Plan Especial deberá acreditar que no es viable rehabilitarlo" para este uso.
Los gestores de viviendas turísticas señala un daño a la economía
Aloja Madrid, que agrupa a los gestores de viviendas turísticas de la ciudad, no está de acuerdo con este Plan Especial. "La regulación propuesta por el Ayuntamiento de Madrid -con el apoyo del PSOE- es desproporcionada, dañará a la economía de la ciudad y creará inseguridad jurídica", señalan. En concreto, desde esta asociación señalan que "calculamos que se perderán más de 600 millones de actividad económica en comercios locales, bares y restaurantes, se destruirán más de 3.000 puestos de trabajo y evitará que más de 10.000 familias en Madrid se beneficien directamente del turismo".
Para ellos, la normativa es muy compleja y supone una prohibición encubierta de este tipo de alquiler, "dejando en total indefensión a los madrileños que reformaron y amueblaron su casa pensando en alquilarla libremente a las personas que visitan Madrid". Del mismo modo, recuerdan que otras ciudades y regiones han tratado de aprobar leyes similares y varias decisiones judiciales y pronunciamientos de autoridades de competencia las han cuestionado, como es el caso de Canarias, Asturias, Baleares, País Vasco y Galicia.
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