Alarma en Libia: puerta abierta a la venganza contra inmigrantes y milicianos gadafistas

  • Investigadores humanitarios que han visitadocampos de detención controlados por milicias en Libia denuncian la desprotección legal en la que se encuentran los inmigrantes sin papeles y antiguos milicianos gadafistas retenidos.

'Milicias armadas e individuos han tomado por su cuenta la decisión del trato a los migrantes, fuera de cualquier marco legal', denuncian la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Migreurop (federación de ONG de Oriente Medio, África y Europa) y Justicia Sin Fronteras para los y las Migrantes (JWBM).

Representantes de estas organizaciones humanitarias estuvieron del 7 al 15 de junio visitando cinco campos, entre Trípoli (la capital), Bengasi (el bastión rebelde durante la revuelta) y Garian (en una zona montañosa).

Allí constataron que también permanecen retenidos menores -algunos sin un mayor que les acompañe- y personas que necesitan tratamiento médico, como mujeres en un avanzado estado de gestación.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recalca la inexistencia de un verdadero poder central que controle todo el territorio en una Libia eminentemente tribal que en la era del dictador Muamar al Gadafi no tenía un sistema administrativo y político definido.

'En todo el país, milicias armadas controlan, arrestan y detienen a inmigrantes en improvisados campos de detención o retención', asegura la FIDH. La organización afirma que los subsaharianos son el principal objetivo de estas milicias para 'limpiar de ilegales' el país.

Sed de venganza contra los gadafistas

La investigación concluyó que habitualmente capturan a los inmigrantes en puestos de control o incluso les arrestan en sus hogares. Trasladan a los que consideran ilegales a campos controlados por brigadas de milicias (katiba), 'fuera de todo control del Gobierno'.

'El clima general de xenofobia y las particulares expresiones de racismo contra africanos negros' es especialmente preocupante, según el informe elaborado tras la visita a los campos. Y es que sobre ellos sigue pesando la sospecha por los mercenarios que, según numerosos testigos, contrató Gadafi en los países subsaharianos para luchar a su lado el año pasado.

Los prejuicios no solo persisten en este sentido, sino que también se les acusa de traer enfermedades y drogas al país, asegura el informe. Los eritreos, somalíes y etíopes son los más afectados.

Además de los inmigrantes, también hay decenas de miles de desplazados internos en condiciones de 'extrema inseguridad', según el informe. Son de la ciudad de Tawarga y están acusados de conspirar con el régimen de Gadafi y de cometer crímenes contra la población de Misrata, otra de las ciudades más afectadas por la guerra civil de 2011.

Estas personas viven actualmente en campos de los que 'apenas se atreven a salir por miedo a ser perseguidos, asesinados o sufrir cualquier otro tipo de violencia cometida por milicias armadas de Misrata en busca de revancha'.

Condiciones nefastas

Las condiciones vitales son 'deplorables', con testimonios de trato denigrante, violencia física y humillaciones.

La FIDH denuncia que los detenidos no tienen acceso a ningún organismo nacional o internacional que les defienda.

'A algunos les deportan a sus países en vuelos chárter organizados por la Organización Internacional para la Migración (OIM), a otros les ofrecen trabajo fuera de los campos y se ven abocados al trabajo forzoso, otros consiguen pagar a los guardias del campo para poder salir, mientras que a otros simplemente les liberan cuando el campo está sobrepoblado', describe la federación internacional de ONG humanitarias.

Eso sí, en teoría pueden pagar a los migrantes que trabajan, por ejemplo, para un agricultor de la zona, 10 dinares (6 euros) al día.

Si huyen de Libia, tampoco encontrarán protección internacional en los países vecinos, afirma la FIDH. Por eso, sostiene el informe, lo intentan yendo en pateras a Europa.

Piden a la Unión Europea -especialmente a Malta e Italia- que no pongan trabas a la acogida de refugiados libios.

'La actual ausencia de algún sistema judicial con la capacidad de investigar los crímenes y procesar a los responsables impide cualquier posibilidad de reconciliación en el corto plazo y deja la puerta abierta a la venganza de actos individuales', advierte el informe.

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