Alaya dice que el uso "arbitrario" de fondos creó un déficit de 131 millones

Sevilla, 26 nov.- La juez de los ERE ha acusado hoy al ex secretario general de Hacienda andaluz Antonio Estepa de haber participado en el "uso arbitrario de fondos públicos" y haber causado un déficit de 131 millones de euros, a lo que el imputado ha respondido reconociendo que una fiscalización lo habría evitado.

Estepa, que se encuentra entre los veinte altos cargos y ex altos cargos andaluces imputados junto a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que lo nombró, ha sido acusado por la juez Mercedes Alaya de los delitos de prevaricación y malversación.

Al término de su declaración, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares contra Estepa "atendiendo al estado actual de la instrucción", pese a que otros ex altos cargos tienen ya fianzas de responsabilidad civil de hasta 46 millones de euros, en el caso del exdirector de Presupuestos Antonio Lozano.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Estepa ha negado que la exconsejera Álvarez y el exviceconsejero José Salgueiro conociesen las irregularidades, el "posible menoscabo de fondos públicos" que se estaba produciendo o el "contenido básico de los programas" que se pagaban con las partidas investigadas.

A la afirmación de la juez de que, para "aparentar un adecuado equilibrio presupuestario", la Junta "simuló" gastos, Estepa ha afirmado que no se trataba de "simulación" sino de una "solución contable".

Alaya ha imputado a Estepa que mediante las llamadas transferencias de financiación, que ha calificado como situadas "al margen de la ley" pues eludían el control previo de la Intervención General, la Junta llevó a cabo un "uso ilícito de fondos públicos" en el que las subvenciones se otorgaron "con absoluta discrecionalidad" e "incumpliendo los más elementales principios consagrados en el Estatuto de Autonomía de imparcialidad, transparencia y no discriminación".

La "partida fraudulenta" aprovechó la "complejidad del lenguaje presupuestario" para ocultar las modificaciones, ha dicho Alaya, a lo que el imputado ha respondido que "se resiste a entender que los parlamentarios no tengan ese conocimiento".

El imputado ha negado que el Gobierno andaluz pretendiese conceder subvenciones sin procedimiento, sino que ha explicado que hacia el año 2000 empezaron a "proliferar una serie de entidades instrumentales como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)" y se cambió el modelo de gestión, de modo que las actuaciones de las Consejerías empezaron a ser delegadas en dichos entes.

Estepa ocupó el cargo entre el 2000 y el 2004 y Alaya le ha imputado un déficit de 131 millones solo en el 2003 y el 2004, a lo que el imputado ha respondido reconociendo que, de haber seguido el procedimiento de subvenciones y su fiscalización previa, "se hubiera evitado dicho déficit".