Sevilla, 10 nov.- La juez Mercedes Alaya ha notificado hoy la admisión a trámite de la petición que hizo la Junta de Andalucía para apartarla de la instrucción del caso de los cursos de formación, y ha trasladado a las partes personadas el incidente de nulidad planteado para que se pronuncien.
La titular del juzgado de Instrucción 6 da un plazo de cinco días a la Fiscalía, a las defensas de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda y a la acusación particular, que ejerce la Junta de Andalucía, para que se pronuncien sobre la petición hecha por la Administración autonómica, según han explicado fuentes judiciales.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía reclamaron el pasado 27 de octubre que Alaya dejara de instruir la causa de las presuntas irregularidades en los fondos públicos destinados a los cursos de formación en Andalucía alegando que podría haberse vulnerado el derecho a un juez natural.
El recurso se basaba en que el funcionario Teodoro Montes, testigo clave del caso, había declarado que el juzgado de Alaya le señaló que denunciara en agosto de 2013 estas presuntas irregularidades ante la Guardia Civil, y posteriormente el juzgado sevillano abrió la causa por unos hechos que investigan otros órganos judiciales de varias provincias andaluzas.
Este hecho, según la Junta de Andalucía, podría haber vulnerado el derecho a un juez natural, ya que la causa no fue a reparto y Alaya abrió una investigación que podría haber correspondido a cualquier otro magistrado, por lo que la Administración pidió la nulidad de competencias en la causa.
En el mismo recurso, la Junta indicaba que "si se santifica la forma de actuar" de Alaya de atribuirse el caso, "nada impediría" que la juez pudiera conocer "de todo lo actuado en el seno de la Junta de Andalucía, desde su origen y en cualquier materia".
Tras asumir el caso por la denuncia de Montes, la juez ha realizado una instrucción "prospectiva", que está prohibida por la ley, según la Junta, que se queja del hecho de que el juzgado de Alaya está instaurando una causa general contra la Administración andaluza, algo también prohibido legalmente.
El recurso sostiene esta argumentación en que la juez ha adoptado medidas "en constante aumento con el único fin de someter a un exhaustivo examen todos y cada uno de los expedientes de formación, incluidos ahora también los expedientes de reintegro incluso "a futuro", tramitados por la Junta de Andalucía desde el año 2001".
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