La jueza Mercedes Alaya prepara un macrocausa, con más de 300.000 folios, que vincularía el fraude de los Expendientes de Regulación de Empleo (ERE) con el de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. Según publica el diario El País, la magistrada abrió el pasado mes de marzo un causa en paralelo a otras pesquisas que estaba realizado diversos juzgados de la de la comunidad autónoma, su Fiscalía superior, el Ministerio de Empleo así como distintos cuerpos policiales.
Al parecer, la juez ha pedido a la Junta, gobernada por PSOE e Izquierda Unida, que le detallen todas las subvenciones a la formación que ha concedido "desde el año 2001 hasta la actualidad", lo que pone bajo la lupa judicial más de 3.000 millones de euros.Según señala este diario, la última convocatoria de cursos de formación se produjo en 2011, aunque los pagos se realizaron en 2012. Por tanto, la investigación afecta a 12 años de los cursos.
Señala además, que la investigación se inicia después de que un funcionario en el departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta, Teodoro Montes, dijeses ante la Guardia Civil y de manera voluntaria que "la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma arbitraria a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos".
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