La investigación penal por la caída del Banco Popular se ha reanudado en la Audiencia Nacional con la testifical de Sebastián Albella. El presidente de la CNMV estaba llamado a declarar para que explicara los pormenores del asesoramiento prestado desde el despacho Linklaters para la ampliación de capital de 2016 y, al respecto, ha ratificado el trabajo realizado y ha apuntado que los problemas del banco se debieron más a una cuestión de liquidez que de solvencia. El también abogado del Estado ha admitido que el bufete dispuso de toda la documental relativa a esta operación aunque quien se encargó de revisarla fue su socio, Jorge Alegre.
De acuerdo con fuentes presentes en la declaración consultadas por este diario, las cuestiones formuladas en sede judicial se han centrado especialmente en el asesoramiento prestado desde Linklaters así como en los motivos que llevaron al entonces sexto grupo bancario del país a la resolución por parte de la JUR. En sus tres horas y media de declaración, el presidente de la CNMV ha ratificado lo expuesto en la sesión del Consejo del 25 de mayo de 2016 y ha vuelto a insistir en que su intervención fue de índole "técnica y jurídica". En concreto, y a preguntas del letrado de Ángel Ron, Albella expuso que su participación se centró en decirle a los consejeros que "nunca una operación de refuerzo de capital debería suponer responsabilidad de ningún tipo" si cuentan con la información correcta.
De este modo ha ratificado que en su comparecencia en la sesión en la que se aprobó la ampliación de 2.505 millones de euros explicó a los consejeros que, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se consideraba que actúaban de buena fe si eran debidamente informados en relación a un procedimiento y si carecían de intereses personales en el asunto en cuestión. La ampliación de capital es una de las cuestiones clave en este procedimiento penal en aras a esclarecer si cometieron o no irregularidades que aceleraron la resolución del banco por parte de la JUR.
Informar a los mercados
Se da la circunstancia de que Albella participó como asesor externo en la operación aunque, ya en su etapa como presidente del regulador ha sancionado a la excúpula de la entidad por presunta falsedad en las cuentas de ese ejercicio y les ha multado por un millón de euros por engaño en las remuneraciones de los exconsejeros. Precisamente sobre su gestión como presidente de la CNMV también se ha pronunciado. En concreto, ha sido preguntado por el hecho relevante que emitió el banco el 3 de abril de 2017 en relación a la reexpresión de las cuentas del ejercicio anterior. Sobre ese punto se ha limitado a decir que no entran a estudiar el contenido de estas notificaciones ya que no valoran las partidas contables y que el principal objetivo era que esa información se hiciera pública a los mercados.
Preguntado por las filtraciones que se habrían producido desde dentro del Consejo, Albella ha explicado que, con motivo de la publicación en prensa en mayo de 2017 de la mala situación del Banco Popular, se abrió un expediente para que la Dirección General de Mercados investigara estos hechos. Así, ha precisado que se inició un debate jurídico sobre el secreto de las fuentes y finalmente las pesquisas se terminaron cerrando porque no se pudo acreditar indicios de abuso de mercado. Los gestores anteriores a la etapa de Emilio Saracho sostienen sobre este punto que se produjeron filtraciones intencionadas a prensa desde dentro del Consejo de Administración alertando sobre la situación de la entidad para hacer caer la cotización de las acciones del banco y forzar la resolución.
La declaración de Albella se produce después de que Banco Santander aportara a la causa todo el material que acredita el asesoramiento prestado por Linklaters a requerimiento del magistrado del caso. La petición inicial partió de la defensa de Ángel Ron que reclamó que se incorporaran a la causa las facturas del contrato suscrito en aras a probar que el bufete prestó un "asesoramiento integral" sobre la operación y prepararon el folleto para que posteriormente fuera examinado por la CNMV. Además, según expuso, accedieron a toda la documentación mercantil y contable preparada por los auditores y, con la misma, emitieron un dictamen vinculante "sin el cual el consejo no habría aprobado por unanimidad la ampliación".
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