Alcalde destituido por corrupto tendrá que financiar nueva elección en Brasil

Río de Janeiro, 1 nov.- Un alcalde brasileño que insistió en disputar la reelección pese a que la Justicia lo había inhabilitado por irregularidades en las cuentas públicas, y terminó siendo destituido, tendrá que indemnizar al Estado por el costo de unas nuevas elecciones, informaron hoy medios oficiales.

El exalcalde de la ciudad brasileña de Cándido Abreu, Ricardo Golba, fue condenado a resarcir al Estado por los costos de la nueva elección que tuvo que ser organizada, según una sentencia de un juez del estado de Paraná de la que informa la gubernamental Agencia Brasil.

El político tendrá que pagar una indemnización de 46.700 reales (unos 19.458,3 dólares), de acuerdo con la determinación judicial.

Golba fue elegido alcalde de Cándido Abreu en 2004 y cuatro años después anunció su intención de disputar la reelección, pero la Justicia Electoral le advirtió que estaba inhabilitado debido a que el concejo municipal había rechazado por irregularidades la prestación de cuentas que presentó sobre los gastos públicos realizados en 1998 y 1999, cuando también gobernaba la ciudad.

Una maniobra jurídica le permitió al alcalde disputar las elecciones y vencerlas, pese a su inhabilitación y a que era cuestionado por corrupción.

A pesar de la victoria en las urnas, el Tribunal Superior Electoral dejó sin efectos las primeras elecciones, con lo que en la práctica despojó al alcalde de su mandato, y convocó a una nueva votación.

Pero como el Tribunal Regional Federal de la ciudad de Porto Alegre concluyó que el Estado no puede hacerse responsable por gastos causados por la insistencia del alcalde en disputar las elecciones, optó por condenarlo a resarcir tales recursos.

Según los magistrados, el alcalde decidió disputar las elecciones por su cuenta y riesgo, consciente de que la victoria podía ser desconocida, por lo que tiene que hacerse responsable por los costos de las nuevas elecciones.

De acuerdo con la Agencia Brasil, la decisión sentó un precedente y puede ser aprovechada por la Abogacía General de la Unión en 84 procesos que abrió contra viarios políticos que insistieron en disputar elecciones pese a estar inhabilitados por corrupción y otras irregularidades.

En dichos procesos, la Abogacía exige que los candidatos paguen cerca de 3,2 millones de reales (unos 1,3 millones de dólares) para resarcir al Estado por los gastos en la organización de nuevas elecciones.