El Gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley para destinar en los próximos 20 años 40.000 millones de euros al apoyo de las regiones afectadas por los cierres en la minería del carbón. El país tiene como objetivo abandonar el carbón como fuente de energía en 2038 a más tardar. Pero teme los efectos políticos del cierre de explotaciones en las zonas afectadas por los cierres, con el auge de la ultraderecha. En todo caso, 2.000 millones anuales durante dos décadas es mucho dinero para encarar una transición energética que España tiene ya encima, con el cierre de prácticamente todas las explotaciones mineras y la mitad de las 15 centrales de generación con carbón.
Los modelos de transición de Alemania y de España son diferentes porque los sectores mineros de ambos países también lo son. El peso de la minería del carbón en Alemania es entre cinco y siete veces el que tiene en España. También hay diferencias en los plazos para decir adiós a la quema de mineral. Los cierres de minas en España, subraya el Ministerio de Trancisión Ecológica, se producen ante la imposibilidad de devolver las ayudas que habían recibido, tal y como exige Bruselas. En Alemania, hay muchas minas que pueden continuar porque no han recibido ayudas.
Además, los cierres de centrales térmicas de carbón previstos en España en las zonas mineras se producen a solicitud de las empresas, que no ven rentable invertir en la tecnología para descarbonizar que exige la Comisión Europea para seguir funcionando a partir de junio de 2020. En Alemania, sin embargo, la explotación de centrales sigue siendo rentable. Alemania depende en un 37% del carbón para su suministro de electricidad. Aunque el precio es alto: el carbón es la fuente de energía más contaminante.
Cifras modestas
Pero si hay diferencias en los plazos, en el dinero destinado a las ayudas, la diferencia es abismal. Mientras Alemania destinará 2.000 millones anuales durante las próximas décadas para apoyar a las regiones más afectadas por la transición energética, las cifras que maneja España con el mismo fin son mucho más modestas. Muchísimo más. La Estrategia de Transición Justa contempla 422 millones para los próximos años: 292 para los próximos cinco y 130 a distribuir en el próximo trienio.
Son en torno a 100 millones anuales presupuestados en el Ministerio de Transición Ecológica, insuficientes para hacer frente a los desafíos del ajuste, aunque fuentes ministeriales sostienen que arrastrarán más dinero porque la llamada transición justa adopta la metodología de convenio, con lo que sumará presupuestos mayores. ¿De dónde? De inversiones en infraestructuras y programas de otros ministerios.
El Ministerio de Transición Ecológica estima que a partir de 2020 cerrarán al menos siete de las 15 centrales térmicas de carbón que funcionan en el país. Para seguir produciendo con carbón a partir del próximo año, Bruselas exige costosas inversiones en el control de emisiones o limitar la actividad a menos de 1.500 horas al año. Pero los cierres de centrales pueden ir más allá de lo que asume el Gobierno hasta ahora.
Cierre de centrales
En España hay 15 centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad. Suman alrededor de 10.000 MW de potencia. Endesa Generación es la empresa operadora con el parque generador más grande (5.167,8 MW). Le siguen Naturgy (1.909,3 MW) y EDP (1.224 MW). A continuación se sitúan Viesgo (869,9 MW) e Iberdrola Generación (833,5 MW).
Las comunidades más afectadas por la agonía del carbón son Asturias, Castilla-León y Aragón. Por eso los presidentes de las comunidades solicitaron al Gobierno flexibilidad a la ahora de autorizar cierres y presión en Bruselas para pactar un calendario de devolución de ayudas que podría prolongar la actividad -y el empleo- en algunas comarcas mineras. De los 2.000 mineros que quedan en España, casi el 80 % (1.615) trabaja en Asturias y el resto en Castilla y León (320 mineros) y Aragón (89).
La inquietud por el futuro de algunas explotaciones mineras de Aragón y de Castilla-León contrasta con la calma pactada en la minera pública Hunosa. La compañía, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha acordado con CC OO y UGT el mantenimiento de la actividad en el pozo San Nicolás y la clausura de los de Carrio y Aller en un plazo de dos años.
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