La Vicepresidencia segunda negocia que el Gobierno de coalición active ya la limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas, una medida que se aplica en ciudades de España, como Barcelona, o de Europa, como Berlín. Se trata de un compromiso recogido en el programa pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre y que ahora el equipo de Derechos Sociales considera prioritario por la situación que ha generado la pandemia del Covid. La medida podría incluirse en los Presupuestos Generales que se están ultimando entre PSOE y Unidas Podemos.
Fuentes de la Vicepresidencia segunda aseguran que consideran "imprescindible que se cumpla ya, en este momento de emergencia social, el proyecto de regulación de los precios de los alquileres que se acordó en el programa de Gobierno de coalición". Esto implicaría, añaden, "que comunidades autónomas y/o ayuntamientos puedan limitar los precios en aquellas zonas de mercado tensionadas".
El movimiento de la Vicepresidencia segunda surge tras una reunión que han mantenido este viernes el propio Pablo Iglesias y Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, con representantes del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Les han trasladado que están "trabajando dentro del Gobierno para que se cumpla ya el compromiso de regular los precios de los alquileres". Aseguran que España se encuentra ante una "falta de garantía del derecho constitucional a la vivienda", que es "uno de los principales problemas sociales de nuestro país".
El Gobierno lanzó en verano el denominado "sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler", una potente herramienta estadística que pretende servir de base para adoptar políticas en materia de limitación de rentas. El objetivo inicial del sistema era precisamente que sirviese para fijar límites al precio del alquiler de manera más o menos inmediata, pero la pandemia de la Covid-19 dejó esa meta pendiente de fecha. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sostienen que no tiene sentido actuar con una foto de mercado previa a la pandemia y, por ello, no se pone un horizonte temporal a ese paso más allá de señalar que es "un compromiso de legislatura".
El indicador, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, refleja en un primer análisis que algunas de las principales zonas "tensionadas" -aquellas en las que los hogares destinan más de un 30% de sus ingresos al arrendamiento o aquellos lugares en los que el precio ha aumentado entre un 25 y un 30% en pocos años- serían Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Málaga o las islas (Canarias y Baleares).
Precisamente el pasado 22 de septiembre entró en vigor en Cataluña la ley para regular el precio de los alquileres de viviendas, con lo que la comunidad se convirtió así en la primera de España en disponer de una norma para limitar el coste de los hogares arrendados. La normativa regula el precio en 60 municipios de la región y, aunque todavía es pronto para medir su impacto, los profesionales del sector apuntan a un parón del mercado. El Consejo Estatutario de Garantías, una suerte de 'Tribunal Constitucional catalán' no vinculante, dictaminó que la ley es inconstitucional porque la autonomía no tiene competencias para controlar los precios y vulnera el derecho a la propiedad privada y desde las asociaciones de propietarios piden al Ejecutivo central que la impugne.
Medida prometida en el pacto de Gobierno
En el pacto de Gobierno ya se contenía esta medida. En concreto se aludía a impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Para ello la coalición planteaba habilitar a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".
De esta forma los ayuntamientos que así lo consideren podrían declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
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