El Gobierno planteará ofrecer incentivos fiscales a los propietarios de vivienda que, de forma voluntaria, respeten los precios de referencia que se van a fijar en zonas de mercado tensionadas -las grandes ciudades- y no alquilen sus pisos o locales por encima de esos límites. Es una de las medidas que se está trabajando en la nueva Ley de Vivienda que ha comenzado su andadura en el Ejecutivo. El compromiso sellado por PSOE y Unidas Podemos es que la normativa se lleve a Consejo de Ministros antes de que acabe enero y se presente en el Congreso de los Diputados antes de febrero. Es una nueva batalla en el seno de la coalición que ya ha comenzado.
El Ministerio de Transportes, máximo responsable en materia de Vivienda, se ha fijado en la fórmula portuguesa para promover los alquileres a precios asequibles, según explican a La Información fuentes gubernamentales. El planteamiento en el que se ha comenzado a trabajar en el Gobierno pasa por que esos propietarios que dedican alquilar sus inmuebles por debajo del índice de referencia tengan beneficios en determinados impuestos, esencialmente en el IRPF.
En el país vecino, por ejemplo, quien lo hace puede disfrutar de exenciones totales en el IRPF sobre las rentas de ese alquiler y de garantías reforzadas de seguridad, como un seguro que garantizaría el cobro del alquiler en caso de que el inquilino no pueda abonar la mensualidad. En Portugal también se pueden aplicar deducciones en el IMI, el IBI español, aunque esta competencia se encuentra transferida a los ayuntamientos y el Gobierno del país no puede decidir sobre ella.
En el equipo de José Luis Ábalos, con David Lucas, director general de Agenda Urbana como principal negociador, gusta el modelo luso y, de hecho, es el que ha planteado en las negociaciones con Unidas Podemos que acaban de comenzar. De momento los equipos técnicos del Ministerio de Transportes y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 son los que están trabajando en el asunto. La propuesta de aplicar beneficios fiscales a arrendatarios solidarios no ha chirriado en el equipo de Pablo Iglesias, aunque la parte morada del Gobierno quiere llegar más lejos.
La propuesta de UP la explicó Ione Belarra en La Información: establecer "mecanismos fiscales o de sanciones para que se puedan bajar los precios". Para los morados la prioridad de la nueva Ley de Vivienda deberían ser los inmuebles de bancos y fondos de inversión, los llamados "grandes tenedores". Un opción que ponen sobre la mesa es aprobar "un impuesto a la vivienda vacía". Otra: los "alquileres forzosos". Es decir, "que tú obligatoriamente tengas que poner en alquiler esa vivienda vacía", detalló la secretaria de Estado en estas páginas.
"Podemos propone varios mecanismos para sacar al alquiler pisos vacíos. Vía fiscal, sanciones o que la legislación regule los alquileres forzosos"
El Gobierno también está estudiando ventajas fiscales para los propietarios de viviendas que las rehabiliten para mejorar su eficiencia energética y, porteriormente, ponerlas en alquiler. Es una propuesta también del PSOE. Los socialistas ya prometieron que si los inmuebles mejoraban dos categorías o más en el certificado energético, las ventajas fiscales se incrementarían. También proponía beneficios impositivos a los alquileres destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años.
Es la próxima gran batalla en la coalición. PSOE y Unidas Podemos se preparan para ello después de solventar la de la prohibición de los desahucios, con cesiones por ambas partes, y con la del veto al corte de suministros básicos aún pendiente. El pasado mes de octubre, en las horas previas a presentar los Presupuestos, la coalición pactó "regular la contención de las rentas del alquiler" con eventuales "bajadas de los precios", un paso más a lo pactado en el documento de hace un año.
En la normativa se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Ese índice fijará unos precios máximos pero cada administración local o autonómica tendrá en sus manos aplicarlos o no. El Gobierno da por seguro que la administración de José Luis Martínez-Almeida no lo hará.
Este primer documento de finales de octubre ya provocó momentos de tensión en la coalición. Fueron horas de intensa negociación. Mientras Sánchez visitaba al Papa Francisco en El Vaticano, PSOE y Unidas Podemos llegaban a ese acuerdo inicial a través de conversaciones entre Ábalos y Belarra. Pero el anuncio del pacto se prolongó unas horas porque la Vicepresidencia segunda pidió un poco más de concreción en las fechas en las que se va a aprobar la normativa. El ministro hablaba del primer trimestre de 2021, cuando el calendario legislativo del Gobierno contempla la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Vivienda, pero los morados querían acortar los tiempos. Intervino entonces Irene Montero.
La ministra de Igualdad entró entonces en escena para negociar directamente con Ábalos en una escena inédita en la coalición. Presionó y le intentó hacer ver la importancia de reflejar una fecha concreta para llevar a Consejo de Ministros la Ley de Vivienda. No era fácil para Unidas Podemos, que estaba recibiendo la insistencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tampoco para los socialistas, de los que estaban pendientes bancos y fondos de inversión, según explican fuentes gubernamentales. Finalmente el acuerdo lo tuvieron que desbloquear los citados Redondo y Del Olmo ("el pacto de los fogoneros"), que han sido la argamasa de la coalición en esta negociación con un acuerdo que va más allá incluso del pacto de Gobierno.
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