Alto exfuncionario de Guatemala a prisión preventiva por corrupción

Julia Barrera, vocera de la entidad judicial, dijo a periodistas que Alejos fue ligado a la investigación y enviado a prisión preventiva por un caso de negociaciones ilícitas de medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por orden la jueza Silvia de León, a cargo del proceso.

Alejos se entregó a la justicia el lunes tras permanecer prófugo desde el pasado 27 de octubre, cuando el fraude fue hecho público por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.

En relación con el caso han sido detenidas 11 personas, seis de ellas funcionarios del IGSS y el resto proveedores de medicamentos.

El empresario, quien fungió como secretario privado de Colom (2008-2012), es considerado por la Fiscalía como uno de los principales operadores de la red, que entre noviembre de 2014 y abril de 2015 manipuló contratos con el IGSS por sumas millonarias aún no precisadas para obtener beneficios ilícitos.

"Alejos coordinaba las compras de medicamentos, proporcionaba comisiones que posteriormente entregaba a funcionarios" del Seguro Social, precisó Barrera, al explicar que el sospechoso será procesado por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

En mayo pasado, otra investigación similar en el IGSS reveló un fraude millonario en la adjudicación de un contrato de medicina para enfermos renales, lo que condujo a la detención del entonces presidente de la institución, el militar Juan de Dios Rodríguez, así como del jerarca del Banco Central de Guatemala, Julio Suárez.

El caso fue hecho público un mes después de que la Fiscalía y la CICIG destaparan un fraude millonario en las aduanas nacionales, que derivó en la renuncia del entonces presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti, señalados como los cabecillas de una estructura que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos.

Pérez y Baldetti guardan prisión preventiva mientras se investiga su participación en el negociado, y un juez decidirá en enero si deben enfrentar juicio por tales hechos.

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