Altos cargos de la Xunta imputados por abuso de poder niegan ser investigados

  • Santiago de Compostela.- Los responsables de Evaluación y Reforma Administrativa, Jaime Bouzada, y de Promoción de Empleo, Andrés Hermida, imputados por un presunto delito de prevaricación con desvío de poder, han negado hoy ser investigados por ello en relación a una trama agraria de Unións Agrarias (UUAA).

Santiago de Compostela.- Los responsables de Evaluación y Reforma Administrativa, Jaime Bouzada, y de Promoción de Empleo, Andrés Hermida, imputados por un presunto delito de prevaricación con desvío de poder, han negado hoy ser investigados por ello en relación a una trama agraria de Unións Agrarias (UUAA).

Bouzada y Hermida comparecieron esta mañana en el Juzgado de instrucción número 1 de Santiago para declarar ante su titular como imputados, después de que UUAA presentase una denuncia contra la Consellería de Trabajo por supuesta prevaricación administrativa con desvío de poder, tras la personación el pasado 7 de junio de una veintena de funcionarios de la Consellería en sedes del sindicato.

Una vez finalizada su declaración ante la jueza, Bouzada indicó a los periodistas que tanto de él como Hermida acudieron al Juzgado para dar cuenta de las actuaciones de la Xunta con respecto a dichas subvenciones concedidas a 13 asociaciones agrarias independientes aunque vinculadas a UUAA, precisó.

Asimismo, sostuvo que el director general de Promoción de Empleo de la Consellería de Trabajo tuvo "conocimiento por los medios de prensa de que puede haber presuntos incumplimientos e irregularidades en los requisitos y condiciones por los que se rigen estas subvenciones".

El PPdeG acusó al PSdeG en una rueda de prensa el pasado 31 de mayo de urdir una trama de "asociaciones fantasma" vinculadas al sindicato agrario, pensadas "supuestamente para desviar fondos públicos" y que "pudo sacar por la puerta de atrás" más de 645.000 euros en 2006 a partir de una orden de la Consellería de Trabajo, tras lo que los socialistas presentaron una querella contra los populares.

No obstante, Bouzada negó que compareciesen ante el juez para aclarar si hubo desvío de poder por la Administración y agregó que "las investigadas son las asociaciones", si bien agregó que "como imputados nos citaron y como imputados venimos a declarar".

"La Xunta es la que actuó en cumplimiento de la normativa porque concede las subvenciones, que son dinero público, y tiene que estar seguro uno de que se cumplen todos los requisitos de las subvenciones. Eso fue lo que se hizo en la investigación preliminar", alegó.

Según el director general de Evaluación y Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, la denuncia de UUAA pretende "involucrar a la Xunta en su conjunto en toda esta actuación" tras su denuncia iniciada con motivo de la visita a las sedes agrarias el 7 de junio, cuando su Dirección General "aún no había actuado".

Recordó que cuando el director general de Promoción de Empleo tuvo constancia por la prensa de esta denuncia, "ordena unas comprobaciones" a funcionarios dependientes de su Consellería, contacta con los jefes territoriales de Trabajo de las 4 provincias y envía a funcionarios "que no son de libre designación" a realizar unas primeras visitas de comprobación en las sedes de las asociaciones.

A raíz de ello "aparecen algunos incumplimientos de los requisitos que debe cumplir la asociación" y la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, "decide ampliar la información y abrir diligencias preliminares", por lo que se sigue el "trámite normal" y se solicita la colaboración de la Dirección general de la que Bouzada es responsable por ser la competente en el control de la actuación de la Xunta.

Finalizado el trabajo, se elaboró un informe tras constatar "algunos incumplimientos importantes, graves, e irregularidades en el tratamiento de la subvención", lo que "se elevó al conselleiro de Presidencia (Alfonso Rueda) que, como era el peticionario, le dio traslado a la conselleira de Trabajo, que es quien tiene el informe".

"Nosotros aquí venimos a colaborar, tenemos plena confianza en la Administración de Justicia" y la Dirección general de Promoción del Empleo "envió cuanta documentación se le requirió y así seguirá siendo en el futuro", subrayó Bouzada.

No obstante, Hermida "se negó a contestar a las preguntas de la jueza", aseguraron a Efe fuentes de UUAA, si bien Bouzada concluyó sus declaraciones a los periodistas afirmando que ambos han "colaborado plenamente", que aclararon de forma "pormenorizada todas las preguntas" que les hizo la jueza y que, en consecuencia, se remiten "a lo contestado".

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