Altos cargos kenianos investigados por crímenes contra la humanidad

(Nairobi, Kenia).  Durante una visita a este país de África Oriental el mes pasado, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) Luis Moreno-Ocampo declaró que llevaría a juicio a algunos de los responsables de incitar y organizar la violencia tras los comicios de diciembre de 2007. Moreno-Ocampo, que calificó de “crimen contra la humanidad” el asesinato de unas 1.500 personas en las semanas posteriores a los comicios, ha señalado que abrirá una investigación a destacados políticos, ministros y empresarios kenianos, que podría acabar en un juicio ante la sede del Tribunal en La Haya.

El fiscal del TPI dio a conocer sus planes en Nairobi, en una rueda de prensa conjunta con los dos líderes de la fragmentada coalición de gobierno. “Les he explicado [al presidente y al primer ministro] que considero que los crímenes cometidos en Kenia fueron un crimen contra la humanidad y que estimo que la gravedad del caso está allí y, por lo tanto, debo proceder”, afirmó.

Moreno-Ocampo señaló que pedirá a los jueces del TPI que le concedan un mandato antes del juicio para comenzar la investigación en este mes de diciembre. El proceso podría llevar a la emisión de diversas órdenes de arresto internacionales. Si los jueces están de acuerdo, será la primera vez que la fiscalía abre unilateralmente una investigación.

Las investigaciones actualmente en curso (entre ellas, Darfur en Sudán, el norte de Uganda, la República Democrática del Congo y la República de África Central) han llegado al Tribunal internacional a petición de los propios estados o a instancias del consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Kenia suscribió el Estatuto de Roma que sentó las bases para el establecimiento del TPI en el 2002 y, por ello, está obligada a colaborar en las investigaciones. “Estamos preparados y dispuestos a trabajar con el fiscal Moreno-Ocampo para garantizar que aquellos responsables de estos crímines sean llevados ante la justicia”, declaró el primer ministro Raila Odinga. “Estamos dispuestos a trabajar con su tribunal para que no se repita lo que vimos el año pasado”.

Pero persisten los interrogantes sobre el nivel de cooperación de las autoridades. El establecimiento de un tribunal especial, muchas veces prometido y hasta ahora no materializado, para juzgar a los cerebros de aquellos actos violentos no han mostrado ningún progreso. Y hasta ahora nadie ha sido acusado.

Odinga y su socio en la coalición, el presidente Mwai Kibaki, prefirieron no enviar el caso al TPI cuando Moreno-Ocampo estuvo en Kenia, lo que obligó al fiscal a abrir su propia investigación. Los expertos creen que se trata de un intento de ambos líderes para evitar culpas cuando sus aliados políticos se vean obligados a declarar ante los tribunales.

Pero esto es inevitable, ya que la violencia comenzó cuando Kibaki se declaró vencedor de las elecciones nacionales de Kenia y Odinga se opuso a los resultados. El año pasado, una comisión del gobierno, dirigida por el juez Philip Waki, dio como resultado una lista con 10 nombres de los mayores responsables de la violencia post electoral. Si bien la lista sigue siendo secreta, se cree que incluye el nombre de diversos políticos de la alta jerarquía de ambos bandos.

Moreno-Ocampo tiene el llamado “sobre de Waki” que le fue entregado en julio por el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan. El ex diplomático tuvo un papel clave para negociar el final del caos en los primeros días del 2008 y logró el actual acuerdo de poder compartido entre Kibaki y Odinga.

Desde entonces, la presión contra la élite política de Kenia ha sido constante, pero por ahora, el progreso es escaso tanto a nivel de la justicia como de reformas políticas. Se necesitan cambios en ambas áreas para evitar una crisis similar en el 2012.

Estados Unidos es el país que más ha abogado por que se realicen reformas. En septiembre pasado, el embajador norteamericano Michael Ranneberg expresó el deseo del presidente Barack Obama de acabar con los “45 años de impunidad de Kenia”, al mismo tiempo que declaraba que se impondrían restricciones de viaje a 15 ministros, miembros del parlamento y altos cargos kenianos que seguían bloqueando las reformas.

Sólo otros dos países africanos han visto una censura tan directa a sus líderes: Sudán y Zimbabue. Esta semana, el ministro de Justicia keniano se convirtió en la primera persona a la que se le prohíbe el ingreso en Estados Unidos. Amos Wako, con 15 años en el cargo, ha sido criticado por los grupos de derechos humanos y también por el investigador especial de la ONU por su incapacidad para aplicar la justicia en casos de corrupción.

Wako respondió a la sanción con una mezcla de indignación, petulancia y amenaza. Defendió su trabajo como ministro y dijo que de todas maneras no quería visitar Estados Unidos. Finalmente, amenazó con denunciar a EEUU por injurias.