El último caso data de hace apenas dos meses. La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció su intención de inhibirse en el preceptivo proceso de evaluación administrativa de la OPA presentada por el fondo australiano IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy - competencia de su ministerio - por el posible conflicto de interés derivado de la condición de empleado de la gasista de su marido, ingeniero en nómina de la compañía presidida por Francisco Reynés. Desde el Ministerio se justificó entonces la decisión de la ministra por su escrupuloso respeto a las leyes "y a los posibles conflictos de intereses" que se pudieran derivar su actuación. La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado prohíbe, en efecto, de forma expresa en su artículo 11 resolver sobre cuestiones que puedan reportar beneficios o perjuicios económicos o profesionales a los familiares del alto cargo, incluido el cónyuge...si bien no precisa el grado de implicación que ese familiar debe tener en el asunto para convertir en obligatoria esa abstención.
El asunto es más resbaladizo de lo que puede parecer a simple vista y tal vez por ello la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), el organismo incardinado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pero de carácter independiente que se encarga de estos asuntos, tiene la intención de dar un paso adelante para aclarar el panorama de los conflictos de interés y aportar de paso un punto de seguridad jurídica al ejercicio del alto cargo. El plan es implantar un esquema que permita informar de manera preventiva a los altos cargos del Gobierno y del resto de sectores vinculados a la Administración del Estado - Banco de España, CNMC, CNMV, fundaciones, organismos autónomos...- de los asuntos y materias sobre los que deberían abstenerse en el ejercicio de sus cargos, a la luz de la información disponible en la oficina sobre sus intereses personales, económicos o familiares.
Así se lo ha avanzado la directora general de la oficina, Flor López Laguna, al Tribunal de Cuentas en el escrito de alegaciones presentado por el organismo al 'Informe de Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal' correspondiente al ejercicio de 2019. El informe afea la falta de desarrollo por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses del principio general de colisión entre los intereses personales y los intereses generales sentado por la ley de 2015 y la escasa adaptación de la definición de conflicto de interés a la "diversa casuística que sobre esta materia se puede plantear" en el ejercicio cotidiano de las responsabilidades públicas.
Fuentes de la alta dirección pública consultadas por La Información reconocen la escasez de referencias a la hora de discernir dónde puede haber conflictos de interés y dónde no, lo que obliga a un flujo constante de consultas a la unidad, que según los datos proporcionados desde la propia OCI apenas cuenta con siete funcionarios, de los cuales son solo tres los que se encargan de resolver los expedientes que les llegan.
De un esquema reactivo a un modelo preventivo
El plan que la directora general de la oficina ha trasladado al Tribunal de Cuentas perfila una transición desde un modelo básicamente reactivo hacia otro más preventivo. La realidad es que la normativa vigente encomienda a la OCI tanto la resolución de las consultas formuladas por los altos cargos sobre la procedencia de abstenerse en casos concretos como la tarea de informar de oficio a éstos de los asuntos sobre los que no debería pronunciarse o resolver a la luz de su inventario de intereses.
Flor López presume en el escrito remitido al Tribunal de Cuentas de haber atendido "todas las consultas formuladas por los altos cargos" sobre la eventual concurrencia de sus intereses personales con su objetividad en el ejercicio del alto cargo, pero avanza también su intención de reforzar en 2021 el funcionamiento de la oficina con el objetivo de dar cumplimiento al imperativo legal que además de resolver las dudas de los altos cargos insta a la oficina a informar a los altos cargos "de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberá abstenerse durante el ejercicio de su cargo" a la luz de la información proporcionada por éstos en sus declaraciones de bienes y de la información adicional que la oficina les pueda requerir.
La oficina ya ha iniciado ese camino, pese a no haber percibido por parte de los altos cargos una demanda especialmente importante par recibir información adicional respecto a la que ya se les proporciona: básicamente los modelos de declaración informativa y un documento de preguntas y respuestas frecuentes, que básicamente da respuesta a la tramitación administrativa de las solicitudes de opinión a la oficina. En 2020 ya empezó a remitir a algunos altos cargos un informe específico y completo sobre los asuntos y materias respecto de los cuales deberían abstenerse a partir de la información disponible en la oficina sobre sus intereses particulares, una senda en la que la oficina se ha comprometido a avanzar a lo largo de 2021.
La estructura de Gobierno de Pedro Sánchez será la primera desde el año 2015 en beneficiarse de esta estrategia preventiva y disponer de un informe completo sobre la relación de asuntos que es preferible evitar para no meterse en un lío, que como mínimo contribuirán a definir de un modo un poco más claro el perímetro por el que pueden transitar los altos cargos sin correr el riesgo de verse implicados en un problema por un eventual conflicto de intereses.
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