Un total de diez exaltos cargos del Gobierno madrileño de Alberto Ruiz-Gallardón prestarán declaración en calidad de testigos en la Audiencia Nacional entre los días 13 y 15 de noviembre para detallar los pormenores que rodearon la compra por parte del Canal de Isabel II de la colombiana Inassa en noviembre de 2001.
Tal y como adelantó La Información, el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, cita a los secretarios generales de las consejerías que integraban el equipo de Gallardón para preguntarles por esta operativa que costó a la empresa pública de aguas 73 millones de euros y que estuvo repleta de irregularidades, según denuncia la Fiscalía Anticorrupción.
De esta manera, el instructor llama a declarar el día 13 de noviembre a las 10.00 horas a Patricia Lázaro (Presidencia), Concepción Crespo (Hacienda) y Ángeles Huerta (Justicia); un día después están citados Casilda Méndez (Economía), Jesus Mora (Obras Públicas y Urbanismo), Carmen Díaz (Educación) y Eugenia Castro (Artes); y para el día 15 Francisco Panadero (Servicios Sociales), Adoración Muñoz (Sanidad) y Gerardo Ravassa (Trabajo), de acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso este diario.
El magistrado quiere averiguar con qué información contaban tanto los miembros del Consejo de Administración del Canal en el momento de los hechos como los exconsejeros del Ejecutivo de Gallardón que dieron el visto bueno a la compra del 75 por ciento de la mercantil colombiana para expandir los negocios del Canal en Latinoamérica.
Esta operativa integra la pieza número 1 de la trama Lezo, junto con la adquisición también aunque doce años después de Emissao, en esta ocasión bajo el Ejecutivo del principal investigado en la causa, Ignacio González. Según fuentes consultadas por La Información, tras la práctica de las diligencias, es previsible que el instructor finalice esta parte de la investigación antes de que termine el año.
El magistrado comenzó los interrogatorios con los exconsejeros de la empresa pública de aguas, que dirigía entonces el expresidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda. En su declaraciones en sede judicial, la mayoría de ellos aseguró que aprobaron la operación porque era la más ventajosa para la empresa madrileña, aunque muchos confesaron desconocer que esta adquisición se hizo mediante la empresa pantalla Aguas de América S.A, la cual se disolvió una vez rubricada la firma.
Operativa paralela de los exdirectivos del Canal
Anticorrupción asegura que existió una “operativa paralela” diseñada por los también investigados, los exdirectivos Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera en tanto, aunque el acuerdo se autorizó formalmente en el Consejo de Administración del 14 de noviembre de ese año, el aval para adquirir la colombiana ya estaba concedido seis días antes de recibir el visto bueno.
Tras los exconsejeros del Canal desfilaron los exmiembros del Gobierno municipal, entre los que se encuentran Luis Cobo y Carlos Mayor Oreja. Este último incluso apuntó ante el juez que los planes de expansión en Latinoamérica ya los había planteado el anterior Ejecutivo de Joaquín Leguina, por lo que se trató de dar continuidad a los planes trazados. Gallardón, por su parte, negó con rotundidad que hubiera habido reparto de comisiones tras la compra de la filial del Canal.
Además de estas citaciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitó abundante material tanto a la empresa madrileña como al Gobierno regional además de a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) que, un año antes de compra de Inassa, vendió su participación en la misma a la panameña que participó como empresa pantalla en la operativa y detrás de la cual se encontraban empleados de esta sociedad catalana, según denuncia la Fiscalía.
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